El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad, ha emitido un informe jurídico en el que se defiende que el Plan Especial de La Geria puede regular las bodegas sin que se produzca “ninguna injerencia” en el Plan Insular de Ordenación.

La jurista del Cabildo Joana Macías concluyó en un informe pericial solicitado por el Juzgado que instruyó el caso Stratvs que el Plan Especial de La Geria “carece de habilitación legal” para “la implantación de equipamientos estructurantes”, como califica a las bodegas.

Por ello, Macías resaltó que el Plan de La Geria incorporaba 10 bodegas industriales de forma contraria a la ley. En otro informe, el jurista Leopoldo Díaz, ex director de la Oficina del Plan Insular, destacaba que “sólo el Plan Insular de Ordenación tiene habilitación legal” para recoger las bodegas como equipamientos estructurantes.

Ahora, el Gobierno de Canarias sostiene que la ordenación del espacio natural “no trasciende más allá” de La Geria, por lo que no pueden entenderse las bodegas como equipamientos “de interés insular” sino de “alcance supramunicipal”.

El Gobierno sostiene que las bodegas tienen interés “supramunicipal” pero no “insular” para no invadir competencias del PIO

Con esta interpretación, el Gobierno se agarra a que La Geria se extiende por los municipios de Tinajo, Yaiza, Tías, San Bartolomé y Teguise, al tiempo que pretende evitar que se considere un “exceso” la cobertura que se le da a las bodegas.

A juicio del Gobierno, al diferenciar las bodegas como equipamientos de interés “supramunicipal” pero no “insular”, “no se produce ninguna injerencia en las determinaciones del Plan Insular, que en su escala territorial, podrá determinar qué equipamientos tienen valor o importancia insular”.

Prevalencia del Plan Insular sobre el Plan de La Geria

En sus informe al Juzgado, Macías resaltaba que “las determinaciones territoriales y urbanísticas” del Plan Insular “prevalecen” sobre el Plan Especial de La Geria. En cambio, el Gobierno sostiene que al no estar adaptado a normativa posterior y carecer de contenido que ordene los recursos naturales, al Plan Insular de 1991 “no se le puede aplicar la regla de supremacía sobre los planes y normas de los espacios naturales de espacios protegidos”.

El Gobierno también resalta que la Ley de Medidas Urgentes que se aprobó en 2009, con Paulino Rivero en la presidencia del Ejecutivo regional, autorizó “la construcción de bodegas” en el “suelo rústico donde existan explotaciones vitivinícolas”, siempre que no se prohíba de forma expresa en el Plan Insular.

Así, puesto que “no hay prohibición expresa en tal sentido, resulta claro que el marco legislativo aplicable al Plan Especial del paisaje protegido de La Geria le habilitaba para, como hace, regular la implantación de bodegas”, concluye el Gobierno.

Más detalles

INFORME. El Cabildo hizo público este viernes el informe encargado en junio pasado al Gobierno de Canarias por el presidente Pedro San Ginés, solicitado por la “repercusión” que pudiera tener el criterio de la jurista Joana Macías, avalado por el ex director de la Oficina del PIO. El informe de Macías se encargó como dictamen pericial por el Juzgado.

GOBIERNO.  El informe del Gobierno de Canarias está suscrito por Juan José Santana, jefe del área de coordinación de planeamiento de la Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad. El mismo ha sido trasladado al Consejo regulador de la denominación de origen de los vinos de Lanzarote.