El recorrido judicial para que Sinforiano y Pilar se puedan quedar en su casa de Argana Alta, en la que llevan viviendo más de medio siglo, aún no ha terminado. El Juzgado que debía ejecutar ese desahucio entre el 1 y el 5 de septiembre ha optado por suspender el desalojo a la espera de ver lo que pasa con un recurso de revisión de sentencia presentado ante el Tribunal Supremo.

El caso de Sinforiano Lemes y Pilar Callero ha logrado un apoyo casi unánime en la sociedad lanzaroteña. Los dos ancianos cuentan con el apoyo activo de vecinos y ciudadanos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que se han estado movilizando para intentar que no tengan que salir de su casa. La primera fecha de desahucio, a finales de abril, se logró salvar in extremis.

El Juzgado lo paralizó porque el día anterior la Diócesis de Canarias, que vendió esos terrenos con los inquilinos dentro en 2006 a la empresa Juan Antonio Rivera, que es quien insta el desahucio, entregó al Juzgado un anexo al contrato en el que se especifica que los dos ancianos tenían derecho a permanecer en esa vivienda hasta su fallecimiento o, en todo caso, a que la citada empresa les pagara una de similares características.

Con la aparición de ese papel parecía que todo estaba arreglado, pero días después y tras una reunión en el Juzgado entre ambas partes, los compradores sólo se comprometen a aportar una vivienda durante 27 meses.

El Juzgado, alegando que se trata de un caso con sentencia firme, da por buena esa solución y dice que Sinforiano y Pilar debían entregar las llaves de su casa el pasado miércoles y abandonarla definitivamente entre el 1 y el 5 de septiembre próximos. Una solución que no contenta en absoluto a los dos ancianos, que no han entregado las llaves.

Por otra parte, fuentes jurídicas señalan que es dudoso que fijar una fecha abierta para el desahucio (cinco días, con lo que se pretendía evitar la resistencia ciudadana al desalojo) fuese correcto, ya que hay que fijar un día y una hora concretos.