El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ejerció como instructor del caso Unión, ratificó este jueves en la Audiencia Provincial que, según la investigación, Dimas Martín movía los hilos del Ayuntamiento de Arrecife entre 2008 y 2009 desde la cárcel de Tahíche.

El comandante destacó el “ascendente político generalizado” que tenía sobre los concejales del PIL y que, por las escuchas y la documentación intervenida en los registros a su celda y su domicilio, “a pesar de no ostentar cargo de responsabilidad” en ese momento, Dimas Martín dirigía una trama para el cobro de comisiones ilegales a empresarios.

Tal y como informa Canarias Ahora, el responsable de la investigación destacó que la operación tuvo su origen en la denuncia de un empresario al que le exigían una comisión inicial del 10 por ciento para cobrar una deuda del Ayuntamiento.

El empresario en cuestión era José Antonio Castellano, padre del diputado nacionalista Isaac Castellano, a cuya empresa de limpieza el Consistorio le adeudaba en torno a un millón de euros.

“Era el concejal de Hacienda -José Miguel Rodríguez- quien había retenido el dinero de la deuda, pero era Dimas quien lo ordenaba”, manifestó un agente de la Unidad Central Operativa en su declaración de este jueves en calidad de testigo.

La subordinación de este y otros concejales del grupo de gobierno al fundador del partido era “total y absoluta” y el nivel de detalle con el que Dimas Martín manejaba los asuntos del Consistorio era “impropio de un simple presidente de un grupo político”, destacó.

“La Guardia Civil llegó a cubrir una cita en el aeropuerto de Lanzarote a la que acudió otro empresario de Las Palmas, en la que se intercambió un sobre con todas las medidas de sigilo”, explicó el agente, quien agregó que en este encuentro participaba un intermediario de Dimas.

La UCO se ratificó en que que “el pago de honorarios” a Francisco Rodríguez Batllori desde el Ayuntamiento y desde la empresa pública Inalsa, “nada tenían que ver” con esos organismos públicos “sino, en todo caso, con gestiones a título personal para Dimas Martín, en su defensa jurídica de reingreso en prisión”, para obtener el tercer grado.