El caso Yate, en el que se ha investigado la concesión masiva de licencias ilegales en Lanzarote para hoteles, villas y el puerto deportivo Marina Rubicón, ha llegado a su final. Solo falta el trámite de que la Audiencia Provincial dicte una sentencia, que en su mayor parte ya es conocida: el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, cumplirá una condena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación.

Tanto el juicio celebrado entre el lunes y el martes en la Audiencia, como el de octubre de 2015 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al ex alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, se ha saldado con la confesión por los responsables políticos de la época del ‘boom’ turístico de que delinquieron cuando concedieron las licencias urbanísticas para 12.000 camas ilegales: 1.800 plazas turísticas en Costa Teguise, unas 8.331 en el sur de la Isla, con presupuestos superiores a los 190 millones de euros, a las que se suman otras 1.800 plazas residenciales en el plan parcial Playa Blanca y el puerto deportivo Marina Rubicón, propiedad de las empresas de Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y el grupo Martinón.

Juan Pedro Hernández, el único acusado por la trama de Costa Teguise, admitió el delito de prevaricación urbanística y aceptó una condena de nueve años de inhabilitación. Hernández, que ya había sido condenado previamente por prevaricación a la pena de inhabilitación para el cargo específico de alcalde, lo que le permitió sin embargo convertirse en diputado autonómico por Coalición Canaria,  prefirió evitar un juicio en el que la acusación popular pedía cuatro años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Primero el alcalde de Teguise y ahora el de Yaiza han terminado confesando sus delitos en el otorgamiento masivo de licencias ilegales

Su homólogo durante años en Yaiza, José Francisco Reyes, se enfrentaba a un panorama más complejo: 25 años de prisión por delitos de prevaricación, malversación, cohecho pasivo y blanqueo de capitales, un delito por el que también se sentaron en el banquillo su esposa y tres de sus hijos. Su confesión le ha permitido rebajar a prácticamente una cuarta parte la condena de prisión que le pedía la Fiscalía.

En otras causas penales, Reyes aparece con abogado de oficio. En el caso Yate, su representante ha sido el letrado granadino Pablo Luna, uno de los principales abogados del caso Malaya, que defendió a la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe. Antes de la vista oral, depositó 300.172 euros, la cantidad que reconoció haber recibido “en metálico”, como “recompensa” por “las licencias urbanísticas” en contra del planeamiento urbanístico, de “diferentes promotores y constructores”. No confesó de quiénes se trataban. Sí reconoció haberse beneficiado de “dádivas”, entre ellas servicios no abonados en el puerto deportivo Marina Rubicón que la Fiscalía valoró en 60.000 euros, por la concesión de la licencia. De los seis años de cárcel, seis meses serán por este cohecho pasivo.

José Francisco Reyes y su familia, en el banquillo del caso Yate.

“Urbanismo criminal”

En la segunda y última jornada del juicio en la Audiencia, la abogada de la acusación, Irma Ferrer, destacó que el caso Yate “pasará a formar parte de la historia contemporánea de Lanzarote y de Canarias”, una “historia de urbanismo criminal” que culminará en los procesos de ejecución de las sentencias que anularon las licencias de una veintena de hoteles en la Isla. Ferrer subrayó que lo acontecido en las tres últimas décadas en Lanzarote es la “lucha entre la fuerza de la razón y la del dinero” y recalcó que las confesiones de los responsables “acreditan el éxito de la razón sobre el poder del dinero”.

Las confesiones de los responsables “acreditan el éxito de la razón sobre el poder del dinero”, destaca la abogada de la acusación, Irma Ferrer

La letrada de la acusación resaltó el papel de la ciudadanía que salió a las calles para que se dejara de construir y limitar el crecimiento turístico de la Isla, de los funcionarios y políticos que pidieron que se cumpliera la legalidad, frente a los que “retaron a las instituciones y a la sociedad”, a los que construyeron y después pretendieron que la normativa urbanística se adaptase a lo construido y que “encima” se quejaban de “inseguridad jurídica”.

Ferrer destacó que el juicio del caso Yate ha servido para que los propios acusados hayan reconocido “el relato de los hechos”, el entramado de concesión de licencias ilegales (1.200 plazas en un puente de mayo de 1998), torciendo la legalidad y dejando de paso un Ayuntamiento de Yaiza en “bancarrota”, sin dinero para pagar a los trabajadores ni recursos para afrontar los servicios públicos.

“Este reconocimiento” de las ilegalidades cometidas, apostilla la acusación, “devuelve la dignidad robada a la sociedad lanzaroteña” y “es un éxito de todos aquellos que han demostrado que no hay porqué tener miedo cuando te asiste el poder de la razón”.