El actual gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, ha sido detenido este martes en la Isla en el marco de la ‘operación Tosca’, que desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en la que se investiga un presunto caso de corrupción en contratos públicos en la ciudad autónoma de Melilla.

La detención de Gerardo Díaz estaría relacionada con su etapa en la empresa Hispanagua, una compañía que pertenece al grupo de la entidad pública Canal de Isabel II, que ha trabajado para la ciudad autónoma de Melilla.

Gerardo Díaz fue director de Hispanagua y, desde que Canal de Isabel II consiguió la adjudicación del ciclo integral del agua en Lanzarote en 2013 a través de su filial Canal Gestión, gerente de la empresa en la Isla.

En el marco de la 'operación Tosca', este martes agentes de la Guardia Civil han detenido en Melilla, Málaga, Madrid y Lanzarote a un total de 15 políticos, empresarios y funcionarios presuntamente relacionados con una trama de fraude de contratos públicos.

El dispositivo lo realizó el grupo de delitos contra la Administración de la Guardia Civil e incluye al menos cuatro registros en busca de documentación sobre supuestas irregularidades cometidas desde 2009.

Delitos contra la administración

La investigación en la que se han producido las detenciones es continuación de otra iniciada en 2013 por la comandancia del Instituto Armado en la ciudad autónoma de Melilla y que recibió el nombre de 'Operación Ópera'. Entonces fueron arrestados el consejero y varios altos cargos de Medio Ambiente del Gobierno local de Melilla.

A los detenidos este martes se les imputa presuntos delitos contra la administración pública, y a algunos de ellos también delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, según indicó la Guardia Civil.

Registro en Hispanagua

En la 'operación Ópera', que precede a la 'operación Tosca', se registró la sede de Hispanagua en Madrid, en febrero del año pasado, procediéndose a la recogida de documentos y al volcado de servidores informáticos por orden del Juzgado de instrucción número 4 de Melilla ante posibles irregularidades en la contratación pública de la ciudad autónoma.

En la sede madrileña de Hispanagua, el Juzgado autorizó el registro de todas las dependencias utilizadas como almacén o archivo, según informó el periódico melillense El Faro.