El Juzgado da por terminada la instrucción contra Domingo Rodríguez Cedrés y otros cuatro promotores, que vendieron unas casas sin advertir que las licencias estaban impugnadas en los tribunales

Cinco promotores de viviendas en el plan parcial Playa Blanca se sentarán en el banquillo de los acusados por un posible delito de estafa por la venta de las casas dentro de ese plan parcial.

El Juzgado número 4 de Arrecife decretó hace tres meses el fin de la instrucción y el paso a procedimiento abreviado de las diligencias previas que se siguen contra Domingo Rodríguez Cedrés, su hijo Gustavo Rodríguez Hernández, su yerno Federico Díaz de Aguilar Cantero, así como contra José Antonio Olano Moliner y Manuel Enrique Lago Candeira.

Según el auto del juez Ricardo Fiestras, “se han practicado cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y de esas diligencias se desprende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa”.

En ese auto subraya que los indicios no sólo parten de las declaraciones de los implicados “sino y sobre todo a la vista de la documental existente en las actuaciones, en especial la última documental aportada a las actuaciones de donde se deduce las posibles irregularidades urbanísticas que afectaban a los terrenos con los que se comercializó”.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular tendrán que presentar ahora sus escritos de acusación, así como los acusados los de defensa. Los imputados recurrieron en varias ocasiones su implicación pero la Audiencia provincial determinó que debían continuar imputados.

El caso se inicia con la querella que ponen en el año 2011 una serie de compradores en el plan parcial Playa Blanca. Los cinco investigados pertenecían a la Junta de Compensación del Plan Parcial y participaron activamente ella así como “en reuniones en las que la cuestión relativa a la pendencia del procedimiento urbanístico se habría suscitado abierta y claramente en su presencia antes de concertar los contratos de compraventa”.

La querella narraba que los vendedores habrían suscrito los contratos de compraventa de las fincas con los querellantes, “habiendo ocultado maliciosamente la pendencia de un relevante procedimiento urbanístico que podía comportar la demolición de los inmuebles vendidos, omitiendo así una información relevante sin la cual los compradores no pudieron hacerse un juicio de valor certero de la realidad de lo que se compraba”.

Todas las licencias anuladas

Dentro del plan parcial Playa Blanca se anularon todas las licencias de construcción concedidas, a partir del año 2005, así como el propio plan parcial. El Cabildo de Lanzarote recurrió todos esos permisos por considerar que el plan estaba extinguido por la Ley de Directrices y que en el mismo no se podía construir.

Los compradores sostienen que estos vendedores conocían las posibles irregularidades urbanísticas y que las licencias podían ser anuladas por los tribunales y, sin embargo, no les advirtieron de esta circunstancia.

Varios compradores de casas en ese plan ya han conseguido que se les devuelva el dinero de la compraventa, en sentencias que incluso señalan que los vendedores actuaron con mala fe.

Otros cuarenta compradores de villas en la misma urbanización, en promociones como La Granja o El Partidor, también han presentado varias demandas en los Juzgados solicitando la nulidad de los contratos de compraventa y las escrituras de las casas y la devolución del dinero pagado por ellas más los intereses y una cantidad por daños y perjuicios.

La cantidad que solicitan ronda los 10 millones de euros, a una media de 270.000 euros por cada villa y las sociedades que tendrían que hacer frente a esa devolución serían las mercantiles Palmera Canaria, Explotaciones Agueri, Promociones Alabena y Ayamar Proyect, que pertenecen, entre otros, a Rodríguez Cedrés, Díaz de Aguilar y Olano.

Con la aprobación del nuevo Plan General de Yaiza se aprobó otro nuevo plan parcial que regulariza las viviendas construidas, más de 400, y permite la construcción de un nuevo hotel.

Condena por 66 villas

Por otra parte, el pasado mes de diciembre, el Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife condenó al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo y al ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, a una pena de 19 meses de prisión por prevaricación urbanística e inhabilitación para cargo público durante nueve años por la concesión de dos licencias para 66 chalés a dos sociedades relacionadas con el ex concejal de Arrecife Pedro de Armas, en este mismo plan parcial.

La sentencia considera probado que las licencias “eran carentes de todo amparo legal y sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote, conscientes de los obstáculos legales que impedían su autorización y con grosero torcimiento del derecho”.