En abril del año pasado, el Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife condenaba a un empresario a un año de prisión y una multa de 3.000 euros por un delito contra la ordenación del territorio por hacer unas obras en suelo rústico en una finca dentro del Paisaje protegido de La Geria. En febrero de este año, el Juzgado también condenó a un vecino de Soo a tres meses de cárcel por un delito de maltrato animal, por abandonar dos perros atados y sin comida durante diez días. Era la primera condena de cárcel por maltrato animal en la Isla.

Este mes de agosto, en Alegranza, se denunció a veinte personas por cocinar pardelas en Alegranza en plena época de cría. Los implicados también han comenzado a declarar ante el juez por estos hechos. Ese mismo mes también eran sorprendidas dos personas realizando pesca submarina ilegal en plena Reserva marina del Archipiélago chinijo. Todas estas actuaciones, aunque muy diferentes, tienen un elemento común. Se trata de denuncias del destacamento en Lanzarote del Servicio de protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia civil.

El Seprona, en lo que va de año, ha realizado unas 600 actuaciones, que han dado lugar a casi 400 denuncias por infracciones o delitos contra el medio ambiente, contra los animales, el patrimonio histórico o los espacios naturales, que son algunas de las competencias que tiene atribuidas.

Cinco agentes

En Lanzarote, ese destacamento está formado por cinco agentes con sus cinco motos que cuentan también con un todo terreno y el apoyo de otras unidades, tanto aéreas como marítimas, para otras actuaciones. Para patrullar por la Reserva marina, que tienen que vigilar, cuentan con la patrullera de la Guardia Civil, que está en Corralejo, o la embarcación de medio ambiente del Cabildo.

“El año pasado, prácticamente casi todo el trabajo, todas las denuncias, las hicimos sólo entre dos personas, porque uno de los agentes estaba en una misión internacional y dos estuvieron de baja”, señala Gloria Moreno, sargento jefa del destacamento en la Isla.

Este año, lo que más trabajo le ha dado al Seprona es la vigilancia del medio ambiente en el Archipiélago chinijo, la pesca furtiva y el maltrato y el abandono animal, principalmente centrado en los perros de caza. En lo que va de año ya ha habido, sólo en Soo, treinta denuncias por encontrar a podencos atados sin atender, sin chip y sin vacunación.

Si los perros tienen lesiones o fallecen, es un delito y se puede ir a la cárcel, y si no, es una infracción administrativa. El Seprona hizo estas denuncias aunque son los ayuntamientos los que tienen la obligación, según la Ley de protección de animales de Canarias, de llevar a cabo el censo, vigilancia y control de los animales.

En cuanto a la caza, señala Moreno, “hay cuatro guardas de caza de la Sociedad de cazadores que son buenísimos, trabajan muy bien”. También ha habido problemas con otros animales, por abandono de mascotas de especies exóticas como guacamayos o iguanas, que la gente abandona o tira cuando se hacen mayores, y con una pelea de perros en Tinajo, así como con animales de ganadería, por las malas condiciones en que se encontraban, como cerdos, ovejas o cabras.

El Archipiélago chinijo

Este año, el mayor número de denuncias, un tercio del total, se lo lleva Alegranza. Sólo en los meses de julio y agosto, el Seprona tramitó 200 denuncias por permanecer en el islote sin permiso y afectando de forma considerable a la fauna, sobre todo a la cría de aves. Casi la mitad de estas denuncias, noventa, se tramitaron a cada uno de los participantes de una excursión organizada por una naviera sin permiso y en la que ejercía como guía uno de los propietarios del islote.

El Seprona tramitó sólo en los meses de julio y agosto 200 denuncias por infracciones contra el medio ambiente en el Archipiélago chinijo

El problema, con estas excursiones, es que tantas personas caminando y haciendo ruido en plena época de cría hacen que se pongan en peligro los polluelos. En Alegranza anidan varias especies protegidas o en peligro de extinción, además de las pardelas cenicientas, como el halcón de eleonora, el cuervo y los pocos guinchos y guirres que quedan.

“En una de esas excursiones ponían música a todo volumen y pasaban junto a uno de los nidos, y las aves se asustan y abandonan el nido y no vuelven, así que el polluelo se pierde”, destaca la sargento. Alguna de esas aves sólo pone un pollo al año y sólo quedan cinco parejas de guirres, así que la protección no es un capricho sino una necesidad para mantener a estas especies. “Decenas de personas pasando al lado de un nido, eso es una barbaridad”, destaca Moreno.

Otra actuación sonada fue la denuncia a veinte personas por hacer un asadero de pardelas en Alegranza que ahora investiga el Juzgado, y el resto de denuncias fueron por otras excursiones sin permiso y también por pesca furtiva con fusil. “La gente parece que no sabe que la pesca ilegal en una Reserva Marina es un delito, con la Reforma del Código penal, no es ninguna broma”, destaca Moreno, que señala que el Archipiélago chinijo, y los alrededores de Alegranza, están llenos de nasas, que también están prohibidas.

En el Parque Nacional de Timanfaya no tienen mucho trabajo porque la vigilancia la hace el personal del Parque. “Está muy bien gestionado, es un ejemplo”, apunta la sargento. En la costa de Timanfaya, donde hay vigilancia continua, no ha desaparecido ni un solo nido de pardela, pero la presión de los cazadores se traslada a los aledaños, al Parque Natural de los volcanes, donde no hay tanta vigilancia y han desparecido mucho nidos. Este año, la pardela para aceite se paga a unos 90 euros la unidad.

Colaboración ciudadana

El Seprona actúa a veces de oficio, por las inspecciones y vigilancia que realiza, pero en muchas ocasiones lo hace gracias a las denuncias que recibe de vecinos. Por la colaboración ciudadana “que es muy importante y da grandes resultados”. Dice Moreno que en la Isla hay una gran colaboración ciudadana para denunciar delitos contra el medio ambiente. El territorio es otra de las competencias del Seprona.

Este mes se lleva a juicio, 16 años después de la denuncia del Seprona, el caso de La Bufona por construir en suelo rústico. En otros casos no hay que esperar tanto. Recientemente se tiraron tres viviendas ilegales en San Bartolomé y también se ha derribado una construcción en suelo rústico en Mala, sin licencia.

Según Moreno, se ha trabajado mucho contra las construcciones ilegales y ya no es tan común que la gente levante su casa donde no tiene permiso. “Muchos ya saben que es un delito, que alguien les va a denunciar, y que se pagan multas muy serias”. “Si no se sanciona, parece que no se aprende”, destaca.

El Seprona también ha actuado informando sobre la situación de los vertidos de las bodegas de La Geria, al igual que con los vertidos de algunos talleres y con las depuradoras, tantos las municipales como algunas privadas que vierten aguas residuales al mar. “Con las depuradoras, hemos tenido problemas con todas”, destacan.