Ya jubilado, el urbanista Faustino García Márquez, considerado el ‘padre’ de las Directrices del Territorio de Canarias, se ha puesto al frente de la Plataforma contra la Ley del Suelo para denunciar que esta nueva legislación puede acabar con las políticas de contención del territorio.

- Sostiene usted que con la Ley del Suelo no servirán las enmiendas en el Parlamento sino que lo único válido sería retirar el proyecto...

- La Ley establece que su objetivo es fomentar la actividad económica en base al suelo, y por eso se llama Ley del Suelo. Es una declaración de intenciones clarísima. Pretenden utilizar el suelo para generar riqueza, que luego se distribuirá de la forma que sea. Y eso, desde el punto de vista de la sostenibilidad, significa expandir los usos del suelo rústico, emplear herramientas extra sistema para lograr antes esos objetivos, debilitar los controles administrativos... Así como el desarrollo sostenible tiene tres patas: la economía, el medioambiente y la social, esta Ley tiene otras tres: instrumentos fuera del sistema, debilitamiento del control público sobre la ordenación y el derribo de las barreras del suelo rústico.

- ¿La Ley supone una desregulación total del territorio?

- Se logra a través de estos tres objetivos. Los suelos protegidos son preservados, en cierto modo,  porque la protección se queda en los límites, pero se ha roto la unidad de la Red canaria de espacios naturales protegidos, porque cada isla pondrá sus criterios. Hay modificaciones, como la de los parques naturales, donde está prohibido el uso residencial y ahora aparece, y además la posibilidad del suelo urbanizable. Esto hace temer por la propia integridad de la Red.

- ¿Se podrá construir cualquier cosa en cualquier suelo, sólo con el visto bueno del ayuntamiento?

- Del ayuntamiento, la Isla o la comunidad autónoma. Las tres tienen capacidad de colocar proyectos, sobre todo en suelo rústico, que es el más barato aunque sea el suelo rústico más caro de España.

- ¿Qué proyectos se podrán construir que ahora no se puedan hacer?

- Se puede hacer un proyecto como Costa Teguise entero, en Guatiza, por ejemplo, o en cualquier otro pueblo, en cualquier lugar, por interés general. No hay límites. El presidente Clavijo dijo que había mil millones de euros esperando para construir, que crearían 15.000 puestos de trabajo. El negocio más rentable es hacer lo que no se puede donde no se puede. Un ejemplo claro son los centros comerciales. Los grandes centros comerciales en Canarias se han hecho donde no se podía, y esa es la plusvalía. Si tienes un terreno destinado al uso agrícola e implantas uso turístico o comercial o, como dice la Ley, cualquier otro, ese es el negocio.

- El negocio no está sólo en poder hacer el proyecto, sino en tener influencia para que no lo hagan los demás…

- Claro, el negocio está en ser tú el que lo consigue, porque si todos hacen centros comerciales, se arruinan todos. El planeamiento siempre es discrecional, porque hay muchas alternativas que se pueden desarrollar, y al final la decisión no deja de ser discrecional, porque se podía haber tomado otra…, pero ahora la posibilidad de pasar de la discrecionalidad a la arbitrariedad se multiplica.

“Se puede hacer un proyecto como Costa Teguise entero, en Guatiza, por ejemplo, o en cualquier otro pueblo, en cualquier lugar, por interés general. No hay límites”

- Este rumbo ya se estaba anunciando porque las Directrices apenas se han cumplido, y en los últimos años también se han aprobado proyectos por interés general...

- Se han aprobado pocos de forma discrecional, pero muchos a través de suspensiones de planeamiento: desde parques tecnológicos, colegios o el Siam Park, pero salvo este caso no eran proyectos de mil millones de euros. Es ahora cuando se abre esa posibilidad en el turismo. En una finca de plataneras se podrá construir un hotel de 400 camas, así que la Ley ya anuncia a todos los empresarios por dónde pueden ir. En 2006 se hizo una modificación de la Ley de vivienda para permitir clasificar suelo, sólo dos años antes de darnos el taponazo, porque se decía que no había suelo pegado a zonas urbanas. Al día siguiente de salir esa Ley ya había anuncios en los periódicos ofreciendo comprar terrenos pegados a esas zonas y se dice, aunque es difícil de comprobar, que se hizo acumulación de terrenos entonces y que ahora podrían empezar a caminar, porque entonces no se desarrolló, y ahora sí es posible.

- ¿Esta Ley desprecia la experiencia acumulada sobre la contención del modelo turístico?

- No es que se desprecie, es que se combate… Los defensores del desarrollismo, que propugnan la cultura del cemento, están privados con esta Ley, porque consiguen lo que llevan años diciendo, que la Moratoria arruina nuestro futuro. Los negacionistas del desarrollo sostenible son los que inspiran esta Ley.

- Pero no se ha puesto ese debate sobre la mesa...

- Claro. No hay diagnóstico. ¿En qué se basa el Gobierno para coger la filosofía de la burbuja inmobiliaria y ponerla como instrumento de desarrollo? Es que ya sabemos sus consecuencias. Hay una gran cantidad de datos sobre esa realidad y se sigue insistiendo en eso… Esta Ley aparece como el  remedio de todos los males, pero no se demuestra nada… Han sumado a los sectores más negacionistas del empresariado, y mediante unas concesiones exageradas, a una parte del sector agrario que puede hacer alguna edificación, pero sin darse cuenta de que eso es el suicidio porque al final con una indemnización serán expulsados de las áreas más apetecidas del territorio.

“El negocio más rentable es hacer lo que no se puede donde no se puede. Esa es la plusvalía”

- Se buscan soluciones individuales.

- Sí, como colectivo no están defendiendo sus intereses. Al defender esta Ley, el sector primario se está suicidando. También utilizan a la Fecam con una mentalidad suicida porque los problemas de los ayuntamientos van a aumentar. No tienen medios y no los van a tener.

- Estábamos navegando hacia intentar dar carpetazo al insularismo y volvemos al muncipalismo...

- No sólo siete, sino 88. Como eran pocos siete bloques, sumemos los 88 municipios.

- ¿Es cierto que plantea que aquellos que no la puedan asumir que desaparezcan?

- Eso lo dijo el presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco. No sé si es una ocurrencia o una exigencia. Los defensores de la Ley dicen que para eso están las administraciones superiores, para colaborar, ¿pero tienen medios esas administraciones? Buena parte de los ayuntamientos ya han pedido auxilio para sus planes generales. Es clara la incapacidad de los ayuntamientos para asumir las consecuencias.

- ¿Qué Ley sería necesaria?

- Tenemos una Ley de 1999 y unas Directrices de 2003 que se pueden revisar y no se han revisado. Esa es la línea trazada.

- Da la impresión de que sobre Canarias siempre hay una minoría que tiene planes diferentes a la mayoría, como las prospecciones petrolíferas, macroproyectos urbanísticos, la plataforma comercial o militar…

- Siempre vienen de los mismos sitios: o intereses económicos internacionales o intereses económicos locales. El problema es la permeabilidad absoluta de la clase política respecto a estos intereses y la impermeabilidad respecto a las demandas sociales. Aquí se han hecho iniciativas legislativas populares que ni se han discutido. Esta Ley está dictada por sectores relevantes del empresariado. También es un problema político y ciudadano: si se sigue votando a quienes son impermeables a las demandas de los ciudadanos...

- ¿Un problema político o de poder?, porque uno de los dos socios del Gobierno, el PSOE, no lo tiene claro, porque le han invitado a usted a que dé una charla sobre esta Ley. ¿Cree que la Ley se puede parar?

- Haría falta un terremoto político y una gran presión social, además de un posicionamiento político claro o la ruptura de la unanimidad en otras fuerzas, que no está tan clara. Con el modelo tan claro que tiene esta Ley y sus objetivos, es muy difícil convertirla en el trámite parlamentario en una ley sostenible. Es difícil pero con presión social y política es posible.