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El drama de Inalsa o cómo llevar a un monopolio a la ruina

 

 

Manuel Riveiro

[Lunes, 20 de marzo de 2009] [08.00]

 

 

 

 

La decisión parece estar tomada: la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, SA (Inalsa), la única compañía legitimada para producir y distribuir agua en la Isla, 30 millones de euros de presupuesto anual, 200 trabajadores, 64.000 abonados, está abocada a solicitar de manera voluntaria un concurso de acreedores al no tener prácticamente solvencia para hacer frente a sus deudas. Es decir, declararse en lo que antiguamente se conocía por suspensión de pagos y ponerse en manos de un administrador judicial que trate de desfacer el entuerto.

Veinte años justos después de su constitución, Inalsa se encuentra en su peor momento: según estimaciones de quien conoce bien los pasillos de su sede de Punta de los Vientos, la empresa pública, ejemplo en muchos casos de opacidad, creada en 1989 por el Consorcio –Cabildo y ayuntamientos- para gestionar de manera eficaz la producción de agua, arrastra a día de hoy una deuda global que puede rondar fácilmente los 40 millones de euros.

Los problemas de Inalsa vienen de tiempo atrás, relacionados siempre con malas decisiones empresariales –tomadas por políticos sin experiencia y/o capacidad- o con errores de bulto en la gestión de la compañía. Una fecha a anotar en su historia reciente es el pasado 27 de marzo, cuando se conoció la sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica la validez del laudo arbitral que había condenado a Inalsa por incumplimiento del contrato de la planta desaladora de Janubio. O lo que es lo mismo, el tiro de gracia.

Con la obligación de pagar cerca de 13 millones de euros por una planta desaladora de 10.500 metros cúbicos que nunca se terminó, la deuda de Inalsa se dispara hasta límites asfixiantes. Se le debe también a Unelco-Endesa por el suministro eléctrico, cuya factura mensual ha pasado de los 600.000 euros mensuales a más del doble al haberse perdido un contrato especial con tarifa reducida. Y se le debe a Aguas Filtradas, que le factura a Inalsa unos 370.000 euros al mes, por la depuración del agua. Además de la lenta sangría de las subcontratas.

Lo que se sabe...

Con este dramático diagnóstico, hasta ahora el grupo de gobierno del Cabildo –PSOE y PIL- ha tratado de poner paños calientes sobre la situación de la empresa pública. Y no es que el desenlace no se viese venir: las cuentas de Inalsa depositadas en el Registro Mercantil acreditan que en 2003 el resultado del ejercicio arrojó un déficit de 2,7 millones, de 31.000 euros en 2004, de 1,3 millones en 2005, de 1,4 millones en 2006 y, atención, de 3,8 millones en 2007.

Volvamos al laudo de Janubio. Desde antes de la sentencia de la Audiencia Provincial, el consejo de administración había facultado a la consejera delegada Plácida Guerra (PIL) para que llegase a un acuerdo extrajudicial con la UTE Edam Janubio (FCC). Durante un año ni una aproximación de garantías, al menos que se conozca públicamente.

Y llegamos al pasado jueves. A las nueve de la mañana está convocado un consejo de administración –que se suspende a última hora- para dar cuenta de una propuesta de acuerdo con la UTE que incluiría un plan de pago de la deuda. Al mismo tiempo, según las fuentes consultadas, se produciría una ampliación de capital de Inalsa que abriría la puerta de su accionariado, hasta ahora única y exclusivamente público. Una fórmula para conseguir una importante inyección económica, pero que la sociedad lanzaroteña difícilmente entendería.

La presidenta del Cabildo y de Inalsa, Manuela Armas (PSOE), convoca un nuevo consejo de administración para el viernes a las seis de la tarde y una asamblea del Consorcio para las ocho. El guión ha cambiado radicalmente: ya no hay propuesta de negociar con la UTE Edam Janubio sino solicitar voluntariamente que Inalsa se acoja a un concurso de acreedores, previo cese del actual consejo de administración y nombramiento de uno nuevo. El PSOE cuenta con el apoyo explícito de CC pero no del PIL, que se siente ninguneado.

...y lo que se desconoce

Para un Gobierno que presume de transparencia y participación ciudadana, la gestión de la crisis de Inalsa le está viniendo grande. Los detalles que se conocen de lo que pasó entre el jueves y el viernes de la semana pasada han sido desvelados por los grupos de la oposición. Ni una comparecencia pública, ni un escueto comunicado. A día de hoy, las respuestas a los múltiples interrogantes que pesan sobre el futuro de Inalsa son meras hipótesis.

Ahí van algunas preguntas:

1. ¿Cuando el PIL prepara el consejo de administración del jueves con su propuesta de acuerdo con la UTE tiene el visto bueno del Partido Socialista o de algún representante de su socio de gobierno? ¿Por qué se suspende deprisa y corriendo ese consejo de administración?

2. ¿En qué momento la presidenta del Cabildo toma la decisión de que Inalsa debe ir a un concurso de acreedores? ¿Existen informes jurídicos y económicos que avalen esta medida? Si es así, ¿desde cuándo se está estudiando esta salida para la empresa?

3. ¿Quién contacta con Coalición Canaria para que apoye a la presidenta del Cabildo en su intención de que Inalsa se someta a un concurso de acreedores? ¿Qué tipo de conversaciones se han producido con el PIL en el último fin de semana? ¿Está en peligro el pacto de gobierno?

Sin prisas. Para cuando en la Casa Cabildo lo tengan a bien.

 

manuelriveiro@diariodelanzarote.com

 

 

 

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