EL OBSERVATORIO

 

Berrugo

 

Manuel Riveiro

[Miércoles, 18 de abril de 2007]

 

 

 

 

 

 


A vista de pájaro, las casitas de Berrugo son apenas una cagadita blanca en una costa parcelada para hoteles, apartamentos y piscinas. Desde el aire apenas se divisa ya el Castillo de Las Coloradas, reconvertido en vigía de un aparcamiento de yates. Berrugo o Las Coloradas forman parte de los recuerdos de sal de mucha gente, y de Santiago Medina. El hombre se había resignado a empaquetar sus bártulos en el Opel Corsa y abandonar la vivienda que le había visto crecer, pues allí cuenta la Historia que en 1905 estableció su residencia don Gabino Medina, quien sería alcalde de Femés tres años antes de la Guerra Civil.

El 4 de mayo, en apenas 17 días, el juzgado de primera instancia número dos de Arrecife había determinado que la familia Medina debía abandonar la hilera de casas de pescadores -relegadas desde el año 2000 a incómoda trasera del puerto deportivo Marina Rubicón- para que tomara posesión de las mismas la Junta de Compensación del Plan Parcial Castillo del Águila. Dije antes que Santiago, don Santiago mejor dicho, se había resignado, aunque todos sabíamos que aguantaría hasta el final y que la despedida de Berrugo no sería agradable para quienes llevan camino de la década intentando forzarla.

Tal es así que los propietarios de Castillo del Águila tuvieron la indecencia de exigir 60 millones de pesetas (páselo usted a euros) a unos cuantos jubilados para poder litigar por lo que consideran que es suyo. El juzgado fijó en 20 kilos la garantía (caución en términos jurídicos), y los Medina, millonarios en moral, dijeron que ni de coña y recurrieron a la Audiencia Provincial de Las Palmas, que este martes les ha dado una alegría: de entrada, anula el desalojo de las casas y establece en 1.500 euros por cabeza la 'fianza' para pleitear con los señoritos de la Junta de Compensación. Otra cosa distinta será explicar (y convencer) al juez que las viviendas son de su propiedad por mucho que un 'listo' incluyese los terrenos en un expediente de dominio allá por la década de los setenta, según cuenta su abogado.

Ahora que en los periódicos a la palabra urbanismo la acompaña casi siempre otra, salvaje, es conveniente que en Lanzarote se señale (con el dedo corazón extendido si se prefiere) a aquellos que, con su sobredosis de arrogancia, están dispuestos a ponerse a los mandos de la excavadora para hacer desaparecer cualquier vestigio que recuerde a la humanidad sus miserias. Aquí son un puñado, no más. Chavanel les habría hecho miembros de honor del 'clan de la avaricia', pero, para que nos vayamos entendiendo, a este sindicato de intereses le llamaremos de aquí en adelante 'La Corporación'. Tienen pasta, mucha pasta, y quienes firman los salvoconductos legales se ponen firmes con sólo escuchar la melodía personalizada del móvil. No tienen escrúpulos porque viven en la indigencia moral. Y ya va siendo hora de que se les pare los pies.

 

manuelriveiro@diariodelanzarote.com

 

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