EL PASEO

El celo de la Justicia con la inmigración

Saúl García

[Jueves, 24 de marzo de 2011]

Desplazados en el Congo/Foto: Diario Ya.

Mbickulu Pathy-Makutukala nació en 1988 en el Zaire, lo que hoy se llama República Democrática del Congo, aunque el adjetivo del medio sea una aspiración más que una realidad. Vivía bajo la condición de refugiado en la ciudad francesa de Dijon. La situación en su país, desde luego, no es ideal, ni económica ni políticamente. El año pasado la ONU presentó un informe en el que habla de “pruebas abrumadoras” de genocidio.

Tenía un hermano de 16 años que vivía sólo, sin su familia, en un país que no era el suyo: Mauritania. No sé los detalles de sus circunstancias. El caso es que Mbickulu viajó en junio del año pasado a Mauritania para recoger a su hermano. Una vez allí compró dos billetes de avión a Gran Canaria, como primera parada para llegar a Francia. Su hermano no tenía permiso de entrada. Es más, viajaba con un pasaporte francés a nombre de otra persona que se supone que alguien, posiblemente el propio Mbickulu, le consiguió pagando más de lo que vale un pasaporte legal.

La policía del aeropuerto de Gando les pilló. Al hermano le encontraron otro pasaporte en el zapato, que también era falso. Así que Mbickulu se ha pasado en la cárcel, en prisión preventiva, los últimos nueve meses, hasta que se ha celebrado su juicio. La sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas le ha absuelto.

La Fiscalía le pedía siete años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en este caso contra los derechos de su propio hermano. No estaría mal saber cuáles eran esos derechos que se le estaban conculcando a este chaval al ayudarle a venir a Europa para intentar tener una vida próspera. A lo único que parecía tener derecho era a estar refugiado en un país extranjero con la única aspiración de sobrevivir.

La Fiscalía consideraba que no estaba acreditado que fuera su hermano. A mí me da lo mismo que fuera o no su hermano. No parece que se quisiera hacer millonario con esta acción, así que no se entiende la ceguera de la Fiscalía. La sentencia de la Audiencia Provincial dice claramente que “no nos encontramos con un supuesto de tráfico humano encaminado a hacer del afectado un objeto de ilícito desplazamiento privándole de los derechos básicos atinentes a su condición humana, sino antes al contrario, se trata de la actuación moralmente irreprochable ligada a los esenciales lazos de afectividad derivadas de nuestra misma condición humana, de tratar de sacar a un familiar directo –un hermano- que además es menor de edad y carece de otros familiares que de él se encarguen, de una situación objetivamente difícil cuál es la de encontrarse en un país extranjero que no garantiza no ya su superviviencia, sino la vida en las condiciones mínimas de seguridad, igualdad y libertad de la que gozamos en las sociedades occidentales, máxime cuando su país de origen –por notoriedad evidente- tampoco puede garantizar tales derechos indispensablemente ligados a nuestra misma condición de seres humanos”.

Y sigue: “Pretender criminalizar semejante conducta, tratándola de amparar en el puro –aún legítimo- fin de control de los flujos migratorios, supondría ir más allá del interés tutelado por la norma penal, obviando que el ordenamiento jurídico ya arbitra mecanismos adecuados de control en el ámbito de la sanción administrativa encaminados a resolver este tipo de conflictos, a la par que supondría negarnos a nosotros mismos la consustancial exigencia de protección material y afectiva hacia nuestros parientes más cercanos, convirtiendo la Ley (...) en un puro automatismo sancionador que atenta a su propia espíritu y finalidad, y en lo cuál no podemos incurrir los Tribunales de Justicia so riesgo de convertirnos en meros autómatas del control de la legalidad –o ilegalidad- aparente de una conducta”.

Con la excusa de controlar la inmigración irregular y a las mafias se cometen muchas injusticias y barbaridades. Lo que relatan muchos de los que han llegado en patera no se parece, desde luego, a la mafia tal y como la conocemos aquí. Se parece más a una puesta en común de escasos recursos en los que siempre hay algún listo que se lucra gracias, sobre todo, a la corrupción de las fuerzas del orden y de los gobiernos africanos.

En Lanzarote ya no hay redadas, pero las hubo, contra extranjeros sin papeles. Y en Fuerteventura sigue habiendo un centro de internamiento de extranjeros que dentro de unos años nos dará vergüenza, a toda la sociedad, haber mantenido. Además, en las cárceles hay cientos de inmigrantes cumpliendo condena por una supuesta pertenencia a una red mafiosa.

En 2006 la Audiencia Provincial condenó en Lanzarote a cinco ciudadanos marroquíes a más de sesenta años de cárcel a cada uno (les pedían 84) por tráfico de personas y secuestro. Ya llevaban casi tres años en prisión preventiva y se supone que pertenecían a una red organizada. Yo estuve en el juicio, y muy organizados no estaban. Respecto al secuestro, había ocho inmigrantes sin papeles en una casa, y cuando llegó la Guardia Civil salieron huyendo, así que no parece que estuvieran retenidos contra su voluntad. Uno de os miembros del tribunal, que luego les condenó, dijo, como suposición: “Si salieron corriendo de quien tenían miedo es de la policía”.