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EL PASEO

 

Las tribulaciones de un ciudadano normal

 

Saúl García

[Jueves, 17 de febrero de 2011]

 

 

 

 

Mariano de León, prometiendo el cargo de director general de Aguas.

 

El Director General de Aguas del Gobierno de Canarias, Mariano de León, se siente “muy perjudicado”, según declaró a la emisora 7.7 Radio, porque el Ayuntamiento de Arrecife ha publicado un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia otorgándole quince días para que legalice las obras de su casa de El Cable o inicie el derribo. Dice De León que con este anuncio se “emponzoña” la vida de una persona y argumenta que “con la cantidad de problemas que hay para que se metan con la casa de un ciudadano normal y corriente...”.

Seguro que quiso decir “una persona normal y corriente”, que sí lo es, en lugar de un ciudadano normal, que no lo es, porque es un cargo público y de la Administración regional, nada menos. En todo caso, el problema no está en que él sea un ciudadano normal sino en que lo sea su casa.

Acusa al Ayuntamiento de utilizar el Boletín Oficial en su favor y hacer precampaña electoral. Por un lado, es de suponer que se habrá intentado la notificación personalmente y no se ha conseguido y por eso, como marca la ley, se ha usado el Boletín. Por otro, parece que pide una especie de moratoria para que no se haga público nada negativo sobre su persona hasta mayo, un privilegio que no podría pedir cualquier persona normal y corriente.

De León tiene una casa en El Cable desde hace 23 años. En 2007 pidió una licencia para eliminar un aljibe (muy acorde con su cargo) y levantar una pérgola. El Ayuntamiento no le contestó, y entonces, acogiéndose al llamado silencio positivo (que en urbanismo es más que discutible que exista) y, se supone, hastiado de la ineficacia de la Administración, comenzó a hacer las obras.

En Arrecife son muchos los perjudicados por la lentitud (entiéndase como eufemismo) de la Oficina Técnica municipal. La mayoría soporta estoicamente los rigores de una mala Administración pero otros optan por pasar a la acción. El señor De León es de estos últimos. Sorprende que, siendo parte de una administración, no quiera dar ejemplo y sea comprensivo con otra.

El caso es que comienza las obras y una vecina las denuncia por el ruido y el polvo. Una vez mirado el expediente resulta que no hay licencia, sólo una solicitud, pero lo mejor de todo es que para eliminar un aljibe este hombre ha aprovechado para hacer varias estancias en dos plantas, es decir, una ampliación de su casa.

Pinche para ampliar la imagen.

En mayo de 2008 este redactor, que entonces trabajaba en La Provincia, tuvo conocimiento de los hechos y la noticia fue publicada, sin que el Director General la haya desmentido hasta ahora. El titular era éste: “El Director General de Aguas amplía su casa con una licencia que había solicitado para soterrar un aljibe”. El propio De León, al que se pidió su versión, seguía insistiendo que las fotos de la Policía engañaban por la perspectiva y que estaba soterrando un aljibe. Las obras de la casa no se veían desde la calle. Lo que no sabía De León es que el fotógrafo había podido acceder a una vivienda contigua para hacer las fotos, que no dejaban lugar a dudas.

En un sitio normal, esto bastaría para pedir disculpas y presentar la dimisión. Aquí, y si no apuesten conmigo, acabarán legalizando las obras y todos tan contentos. Y hasta es posible que el Juzgado le dé la razón, pero un cargo público que se precie debería explicar a los ciudadanos normales y corrientes por qué pidió una licencia para eliminar un aljibe y antes de que se la concedieran comenzó a ampliar su casa.

En una cosa estoy de acuerdo con el dueño de la vivienda: en que hay muchos problemas para que se ocupen de su casa. Sin ir más lejos, a una calle de distancia de donde vive no hay una casa sin licencia, sino todo un plan parcial con 52 casas (el de La Bufona) sin amparo legal, que se llegó a precintar y que ocupa en parte terreno rústico y terreno que no les pertenece, y en el que no se ha dictado todavía ni una orden de derribo, parcial o total, y cuyos propietarios también son políticos, notarios o fiscales normales y corrientes.

 

 

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