Este año pasado se han cumplido y celebrado los cincuenta años de los Centros de arte, cultura y turismo. Fue el inicio de la industria turística en la Isla, el inicio del cambio, el inicio de la bonanza, del desarrollo. El turismo, y su industria, iban a llegar a Lanzarote, de un forma o de otra, pero llegaron así, con una iniciativa pública que tenía como objetivo crear trabajo y repartir, por tanto, los beneficios. Los Centros Turísticos han sobrevivido pero el modelo ya no existe.

La industria turística en la Isla da trabajo, sí, pero es incapaz de asumir las necesidades de la población. El exceso de oferta, a pesar de que se intentó regular y de que no es el único motivo, ha tenido unos efectos nocivos.  

El año 2016 acabó con una ocupación de más del noventa por ciento y con más de 12.000 parados. También con una precariedad que hace poco era impensable. Los sindicatos achacan gran parte de culpa de esta precariedad a la reforma laboral, que permite y alienta la externalización de servicios, lo que supone hacer el mismo trabajo en el mismo lugar por menos dinero. La supuesta flexibilidad en la contratación de la reforma también alienta el fraude: se han generalizado los contratos a media jornada para trabajar la jornada entera. Esto de la economía sumergida lo reconoce la patronal, aunque no podía ser de otra manera porque son las empresas las que incumplen. Aún así el Cabildo otorgó 60.000 euros a la Confederación Empresarial de Lanzarote para que hiciera una encuesta cuyo resultado no hubiera diferido mucho si sus encargados hubieran subido las escaleras del edificio donde tienen la oficina y se hubieran pasado una mañana escuchado lo que relatan a los sindicatos los trabajadores afectados. Pero eso es otra historia. Ahora que ya sabemos que hay economía sumergida sólo falta saber quién va a hacer algo para acabar con ella.

Según los datos del Gobierno de Canarias, Lanzarote está a la cola, respecto al resto de islas, en número de trabajadores por cada mil pernoctaciones y por cada cien viajeros y es la penúltima en trabajadores por cada cien camas, con 12,56 trabajadores cada cien plazas, mientras que en Fuerteventura son 14,71.

Si mezclamos el menor gasto en costes laborales, la subida de un diez por cientos de las tarifas medias y el índice de ocupación, nos da una ecuación cuyo resultado es exactamente este: que la mayor parte de los beneficios, que son muchos, no se reinvierten en la Isla y que tampoco revierten en la mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.

Hay empresas hoteleras que han incumplido todas sus obligaciones urbanísticas (lo que les corresponde otorgar al interés general), que han sobrepasado la ocupación y edificabilidad permitida, que han ocupado zonas verdes y que incumplen toda clase de normativas laborales pero que siguen solicitando, como miembros del colectivo empresarial, que se invierta en la mejora de los espacios públicos (con dinero público), que se amplíe la pista del aeropuerto (con dinero púbico), que se mejoren las carreteras (con dinero público), que se aporte dinero público para la promoción del destino y que se aprueben planes de modernización, leyes de armonización y planes generales donde se incluyan incentivos para legalizar o renovar sus complejos porque hay que facilitar la inversión. Y además de esto cuando la Administración se demora en las inversiones que reclaman, les entra un ataque de dignidad.

Porque resulta que cuando se invierte no se hace para obtener beneficios, sino por amor al destino, para crear riqueza, para crear empleo y por el interés general. Así que habrá que probar los próximos años con un sector empresarial un poco más egoísta, porque puede que nos vaya un poco mejor.  

Feliz año nuevo. Y que 2017 sea un buen año el turismo.