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El Consejo de Gobierno acordó este jueves presentar una queja ante la Comisión Europea denunciando la supuesta vulneración del derecho comunitario del real decreto del pasado 16 de marzo por el que el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a otorgar a un grupo de empresas encabezado por Repsol permiso para sondeos petrolíferos frente a Lanzarote.
Con este nuevo real decreto se procedió a convalidar otro de diciembre de 2001 que había sido anulado por el Tribunal Supremo en 2004 a raíz de recursos del Cabildo de Lanzarote y del PSOE al carecer de una evaluación de impacto ambiental.
La superficie total del permiso para sondeos nueve áreas frente a Lanzarote a Fuerteventura alcanza los 6.160 kilómetros cuadrados. Se encuentran a una distancia de poco más de 20 kilómetros en el caso de Lanzarote y algo más de 10 en el de Fuerteventura.
Durante el trámite de audiencia previa al real decreto se realizaron alegaciones por parte del Gobierno de Canarias en las que se manifestaba el rechazo a que el Ejecutivo central convalidara los permisos de investigación de hidrocarburos que habían sido anulados por sentencia firme del Tribunal Supremo.
“Estas alegaciones no han merecido respuesta por parte del Gobierno de España”, destacó este jueves el Ejecutivo regional, que indicó que se encuentra en el trámite de formalizar también demanda ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno canario denuncia que el real decreto no fue sometido a la directiva de evaluación ambiental estratégica, “ni durante su preparación, ni antes de su adopción, pese a que esa actividad prospectiva tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”.
Incumplimientos
Asegura que está “suficientemente acreditado por distintos informes científicos” que el permiso de prospección “incide en diversos espacios, lugares o zonas del Archipiélago protegidos” por la directiva de hábitats. Además, señala que el real decreto “tampoco fue sometido a la directiva de autorizaciones de prospecciones de hidrocarburos”.
“El no sometimiento a la directiva de evaluación ambiental estratégica ni a la de autorizaciones de prospecciones de hidrocarburos supone un incumplimiento o violación del derecho de la Unión ”, recalcó el Gobierno autonómico.
“Dicho incumplimiento no desaparece ni se subsana por la posibilidad de futuras evaluaciones medioambientales, como argumenta el Gobierno español”, señalaron fuentes del Ejecutivo regional.
De compartir la Comisión Europea los argumentos del Gobierno de Canarias, deberá dirigirse al Gobierno de España para revocar las autorizaciones. En caso de que el Gobierno de España no lo haga, la Comisión podría denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración de la normativa comunitaria.
redaccion@diariodelanzarote.com
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