Se pretendía reordenar una manzana de 2.700 metros

El PGOU de Déniz escondía una operación urbanística imposible si el edificio histórico seguía en pie

Ordenación de la zona en el Plan General tramitado por la ex alcaldesa.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tramitado durante la etapa en la alcaldía de Arrecife de María Isabel Déniz encerraba una operación urbanística de calado en plena calle Real que afectaba a los números 33, 35 y 37. Los tres edificios, del siglo XIX, se incluyeron en el catálogo de patrimonio histórico por sus destacados valores arquitectónicos.

M. Riveiro
[Viernes, 27 de enero de 2012] [12.55]

La operación, frustrada por el archivo del Plan General en 2008, un año después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento capitalino, aparecía en el planeamiento liderado por Déniz como la “actuación urbanística específica calle Hierro” y, “dada su importancia”, su desarrollo se remitía a un estudio de detalle.

Una de las intervenciones más destacadas que contemplaba era crear “una conexión peatonal” entra la calle Real y la calle Colegio, que coincidiese con la calle Román 'el practicante', que conecta a esta última con la calle Fajardo.

La operación hubiera sido imposible sin derribar el inmueble protegido ubicado en el número 33 de la calle León y Castillo, propiedad de Inmobiliaria Chimida. La demolición se autorizó el 23 de enero de 2006 de forma radicalmente “ilegal”, según ha advertido el departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo.

La descripción que se hace de la actuación urbanística en el Plan General es incongruente con la conservación de los edificios, protegidos en el catálogo arquitectónico. Por un lado se dice que “se tendrá que crear” la conexión peatonal, lo que implica inevitablemente el derribo de un inmueble protegido y, por otro, se dice que la “solución” arquitectónica de lo que se fuera a construir en la manzana debía ser “contemporánea”, “respetuosa con las edificaciones catalogadas, sin pretender imitarlas”.

En la investigación judicial abierta se atribuye a la ex alcaldesa delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico. También se ha imputado a los ex concejales Nuria Cabrera, Luis Morales, Juan Antonio Santana y Manuel Pérez Gopar, al ex jefe de la oficina técnica, Rafael Arrocha, y a los dueños del inmueble, Araceli y Fernando González Berriel.

En la operación urbanística que preparaba el gobierno de María Isabel Déniz se englobaba a los tres inmuebles históricos. De haber salido adelante, hubiera supuesto la reordenación de más de 2.700 metros cuadrados en plena calle Real de Arrecife, con una superficie edificable máxima de 3.600 cuadrados.

Solar donde antes estaba el número 33.

Estrategia

El principal 'problema' para que fraguase esta operación eran los edificios protegidos. A la declaración de ruina y permiso de derribo del número 33 siguió la misma solicitud para el número 37, conocido como el antiguo hotel Oriental y propiedad de la misma inmobiliaria, en cuyos locales comerciales había una zapatería, una joyería y una tienda de discos.

La entonces concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, dicta el 3 de octubre de 2006 una orden de desalojo a los inquilinos. Dos días más tarde los comerciantes reciben la visita de la alcaldesa instándoles a que se marcharan. El joyero, Tomás Gil, criticó que actuase como “emisaria personal” del dueño del inmueble y aseguró que le había ofrecido otras ubicaciones para su negocio.

El desalojo y posterior derribo se paralizó por el recurso ante la Justicia de este inquilino, cuyo negocio es el único que sigue abierto a día de hoy. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia deja mal parados a los técnicos del Ayuntamiento, que no cuestionaron el informe de los dueños del inmueble para conseguir la declaración de ruina inminente. La técnico municipal Penélope Tabares liquidó en apenas un folio el estudio del Ayuntamiento para derribar un edificio de más de dos siglos.