Imputada por prevaricación y un delito contra el patrimonio

María Isabel Déniz, en el Juzgado por autorizar el derribo de un edificio histórico cuando era alcaldesa

Déniz y Fernández Camero, este jueves a su llegada al Juzgado/Fotos: De la Cruz.

La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, ha tenido que acudir este jueves a las nueve de la mañana a los Juzgados de Arrecife para declarar como imputada en el procedimiento penal que se sigue por el derribo de un edificio histórico en la calle Real cuando era la máxima responsable del Ayuntamiento, en 2006.

DiariodeLanzarote.com/ACN
[Jueves, 26 de enero de 2012] [09.45]

Déniz ha acudido al Juzgado acompañada de su abogado, Felipe Fernández Camero. Entre el jueves y el viernes por el Juzgado de primera instancia número 3 pasarán como imputados los que eran miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en enero de 2006, cuando se autorizó el derribo del número 33 de la calle Real.

Por autorizar el derribo se les imputa un delito de prevaricación y otro contra el patrimonio histórico. La licencia se otorgó el 23 de enero de 2006, cuando gobernaba Déniz (que acababa de abandonar el PIL para integrarse en CC) junto al PSOE.

Así, han sido citados Nuria Cabrera, Luis Morales, Juan Antonio Santana y Manuel Pérez Gopar, además del entonces Jefe de la oficina técnica municipal, Rafael Arrocha.

El permiso de demolición de ese inmueble (cuyo solar permanece aún sin construir) se otorgó a la Inmobiliaria Chimida. Tras una denuncia se abrieron diligencias en el año 2008 y un año más tarde ya declararon como imputados los dueños del edificio, Araceli y Fernando González Berriel y dos trabajadoras de la Oficina técnica del Ayuntamiento de la capital.

Inmueble catalogado

El inmueble, a pesar de que ya no existe, figura en el catálogo de protección municipal en vigor. Pertenecía al conjunto de "casas altas" decimonónicas de Arrecife y sus antiguos propietarios fueron la familia Aldana, que la construyó a principios del Siglo XIX.

El edificio tenía 22 dependencias, aljibe, pozo de agua salada y dos patios. En ella vivió y pasó consulta el doctor José Molina Orosa, que hoy da nombre al Hospital General de Lanzarote. También vivió en esa casa Guillermo Topham Walsh.

"Penalmente perseguible"

El Cabildo de Lanzarote elaboró un informe sobre la vivienda, tras su derribo, que calificaba como “nulo de pleno derecho, administrativamente susceptible de ser sancionable y penalmente perseguible”.

También decía que “tal destrucción fue un hecho ilegal y las administraciones públicas, incluida la Fiscalía, han de actuar en consecuencia. Así se están obviando los valores históricos artísticos que este bien tenía y de procederse a su denuncia deberá obligarse a restituir lo derribado por su alto valor histórico y artístico”.