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La declaración como bien de interés cultural del Charco de San Ginés por sus valores etnográficos ha topado de frente con los grupos políticos del Ayuntamiento de Arrecife, que de manera unánime han avalado la solicitud para que el expediente sea archivado.
Los trámites para proteger el Charco de San Ginés arrancaron el 8 de agosto de 2008, cuando se publicó la resolución de la entonces presidenta del Cabildo, Manuela Armas, mediante la cual se iniciaba el procedimiento para catalogar como bien de interés cultural tanto la laguna como el islote del Francés.
Todos los grupos políticos del Consistorio –incluido el Partido Socialista, que impulsó la incoación desde el Cabildo- se han pronunciado en dos ocasiones en contra de la catalogación como BIC del Charco por considerar que el área protegida era “excesiva”.
La última vez se produjo este lunes por la tarde en el pleno municipal, donde por unanimidad se respaldó un decreto del alcalde, Cándido Reguera, en el que se le pide al Cabildo “que sea declarada la caducidad del expediente de declaración de bien de interés cultural” a favor del Charco.
El decreto está avalado por un informe de la oficina técnica en el que se considera que en la tramitación se han incumplido los plazos ya que, sostiene la jurista del Ayuntamiento, “los expedientes de declaración de bien de interés cultural deben ser tramitados en un período máximo de doce meses”.
Este criterio jurídico choca con el que ha defendido el departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo, que ha entendido que se puede “suspender” el procedimiento y, por tanto, los plazos, cuando se solicitan por ejemplo informes a las universidades canarias o se abren períodos de audiencia a los interesados.
Oficina Técnica frente a Patrimonio
El Ayuntamiento, al considerar que se han superado “con creces” los doce meses que la Ley de Patrimonio Histórico establece, ha procedido a denunciar el retraso para que el expediente sea archivado.
Sin embargo, fuentes jurídicas indicaron que la denuncia de la mora no implica automáticamente la caducidad del procedimiento, ya que la Corporación insular dispone, una vez efectuada la denuncia, “de dos meses para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de Canarias”.
Una vez en manos del Ejecutivo autonómico, éste tendría otros “dos meses” de plazo para declarar el bien de interés cultural, añadieron las fuentes consultadas. En caso contrario, el expediente quedaría “caducado y sin efecto”, no pudiendo volver a incoarse “hasta después de tres años”.
A este respecto, cabe destacar que el 30 de septiembre de 2009 Manuela Armas desestimó las alegaciones que se habían presentado de particulares y empresas y elevó al Gobierno canario la propuesta de que declarase como bien de interés cultural el Charco por estimar que es la figura “más conveniente para su protección”.
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Para los concejales, “una animalada”
En la sesión plenaria de este lunes por la tarde, todos los grupos políticos de la Corporación –PSOE, PIL, PP, CC, PNL y AC- coincidieron en señalar que “los límites del área protegida son excesivos”.
El concejal de Urbanismo, Pedro de Armas, afirmó que “se han paralizado” muchas obras en el entorno del Charco por la incoación del expediente BIC. Mientras no se resuelve, la ley establece que quedan suspendidas las licencias urbanísticas.
El concejal de Alternativa Ciudadana, Ginés Quintana, tildó de “animalada” declarar bien de interés cultural “la mitad de Arrecife”, al entender que el área de protección se adentraba en exceso en el barrio del Lomo. “Se debería centrar en la ribera del Charco” y en el islote del Francés “para dejar ese espacio libre de la especulación”.
Por su parte, el portavoz de CC, Luis Morales, reconoció que no se puede “dejar al Charco desprotegido totalmente” pero “el planteamiento del Cabildo va más allá”. Apostó por que el Ayuntamiento pida la elaboración de un plan especial de protección para la zona del Charco, una herramienta de planeamiento contemplada en la Ley de Patrimonio.
Más detalles
MORALES. Señaló que “con el BIC hay desamparo, porque no existe un criterio definido ni para cambiar una simple ventana”. Con el plan especial, contrapuso el edil nacionalista, “los ciudadanos tendrían claro qué se puede hacer”.
PSOE. El ex alcalde Enrique Pérez Parrilla se mostró “de acuerdo” con denunciar la mora del expediente impulsado por su compañera de partido Manuela Armas. Criticó la “problemática” que hay en la ciudad “con las protecciones” de Patrimonio.
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