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Considera que fue 'nulo de pleno derecho'

San Ginés instará a que se anule la ampliación del contrato por 12 años de Inalsa con Aguas Filtradas

La ampliación del contrato entre Inalsa y la empresa Aguas Filtradas se llevó a cabo en febrero de 2009 durante 12 años, con un coste para la compañía pública de más de 60 millones de euros. Ahora el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha anunciado que iniciará los trámites para anular el contrato por considerarlo ‘nulo de pleno derecho'.

DiariodeLanzarote.com
[Lunes, 1 de febrero de 2010] [11.06]

Los administradores judiciales de Inalsa, en concurso de acreedores desde el año pasado, han solicitado al juez de lo mercantil la anulación de la prórroga del citado contrato al entender que beneficia a uno de los acreedores de la empresa, Aguas Filtradas, en detrimento de los demás.

En febrero del año pasado, cuando se amplió el contrato a Aguas Filtradas, que presta el servicio de saneamiento y depuración, también se acordó la refinanciación de la deuda contraída por Inalsa, que ascendía a unos 7,7 millones de euros. La idea era pagar cuotas mensuales de unos 69.000 euros.

Pedro San Ginés ha anunciado que también promoverá la anulación del contrato con Aguas Filtradas, “rubricado bajo la presidencia de Manuela Armas”, ante la asamblea del Consorcio Insular de Aguas, compuesto por el Cabildo y los ayuntamientos, y propietario de Inalsa.

La relación contractual entre Inalsa y Aguas Filtradas vencía el pasado 31 de diciembre, habiendo sido ampliada hasta 2021 con la prórroga suscrita en febrero del año pasado.

Inalsa se comprometió a pagar un canon fijo de 228.867 euros a Aguas Filtradas y un canon variable por diversos conceptos, el más relevante el relativo al agua depurada, por el que se abonarían 181 euros por cada 1.000 metros cúbicos.

Cuando se acordó la prórroga del contrato, siendo consejera delegada de Inalsa la pilista Plácida Guerra, el comité de empresa recalcó que no se podían efectuar ampliaciones de contrato “superiores a dos años”.

San Ginés asegura que la ex presidenta del Cabildo tenía en su poder desde el pasado mes de julio un informe jurídico “en el que se le advertía de que el acuerdo con Aguas Filtradas es nulo de pleno derecho” sin que hasta que fue censurada, a mediados de octubre, hubiese adoptado “decisión alguna”, omitiendo su “responsabilidad”.

redaccion@diariodelanzarote.com

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