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Pretende promover la participación, individual o colectiva

El Gobierno canario aprueba el proyecto de ley de Fomento a la Participación Ciudadana

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de este martes, el Proyecto de Ley de Fomento a la Participación Ciudadana, después del dictamen favorable emitido por el Consejo Consultivo de Canarias.

ACN
[Miércoles, 1 de julio de 2009] [07.00]

Así lo indicó, al término de la reunión, el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, quien recordó que esta nueva normativa canaria es pionera, dado que sólo existe legislación al respecto en la Generalitat Valenciana.

Una vez ultimado este paso, el texto ya está listo para iniciar su trámite en el Parlamento regional. Con esta normativa, el Gobierno de Canarias pretende la regulación de un derecho fundamental para toda la ciudadanía, con la finalidad de lograr una sociedad civil organizada y estructurada, que formule propuestas y colabore en su aplicación con las instituciones públicas de la Comunidad.

Por ello, el principal objetivo de este nuevo texto legislativo, impulsado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, es promover la participación, individual o colectiva, de los canarios y de aquellas personas que, con independencia de su nacionalidad, residan en la Comunidad Autónoma en los asuntos públicos. También se pretende favorecer el fortalecimiento del tejido asociativo, la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas y el impulso de hábitos participativos entre la ciudadanía.

El ámbito de aplicación de la futura Ley es la Administración Autonómica Canaria y sus organismos e instituciones dependientes, así como los cabildos insulares y los ayuntamientos en los términos que permita la legislación estatal y autonómica correspondiente, explica el Ejecutivo en una nota.

Para hacer efectivo el derecho de los canarios a la participación ciudadana, los poderes públicos deberán adecuar sus estructuras administrativas, así como promover la creación de Códigos de Buen Gobierno y elaborar planes anuales o plurianuales de participación estratégica, integrales y sectoriales, con la finalidad de posibilitar la participación de los ciudadanos, de los agentes sociales y económicos en el diseño y evaluación de los proyectos que les afecten.

Por su parte, las Administraciones públicas de Canarias garantizarán a la ciudadanía el derecho a la información sobre el ejercicio de sus competencias y sobre aquellas cuestiones que sean de especial interés.

En este sentido, se le asegura la protección de datos de carácter personal y los derechos de Audiencia Ciudadana, de acceso a archivos y registros, de petición, de propuesta y de iniciativa ciudadana, así como los derechos a recabar la colaboración de las Administraciones públicas en la realización de actividades ciudadanas, a participar en la elaboración de anteproyectos legislativos y programas sectoriales y a la iniciativa reglamentaria.

El anteproyecto de Ley establece, asimismo, el régimen de las Entidades Ciudadanas, así como sus derechos, y enumera una serie de instrumentos de participación ciudadana, como los procesos participativos, las campañas informativas y formativas, las consultas populares, los foros de consulta, los paneles ciudadanos, los jurados ciudadanos y los órganos de participación ciudadana.

Todo ello unido a la acción de gobierno en el fomento del asociacionismo, a una política adecuada de subvenciones y ayudas públicas para lograr ese fomento participativo, y a programas de formación para la participación ciudadana, dirigidos a los ciudadanos, a las entidades, a las Administraciones públicas, así como al personal al servicio de las Administraciones canarias.

 

 

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

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