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El descenso de debe a la desaceleración económica

Los técnicos de Hacienda cifran en un 24% la caída de ingresos tributarios en Canarias hasta mayo

El aumento de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos fiscales y la desaceleración económica han motivado que los ingresos tributarios cayeran un 24 por ciento en los cinco primeros meses del año en Canarias, hasta situarse en más de 725 millones de euros, según datos de recaudación recogidos por los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Agencias
[Viernes, 26 de junio de 2009] [07.00]

En la provincia de Las Palmas, el descenso global de la recaudación fue del 21 por ciento, mientras que en Santa Cruz de Tenerife alcanzó el 30 por ciento, según los datos de los técnicos de Hacienda.

La recaudación por IGIC, que representa un indicador fiel del dinamismo del consumo de las economías domésticas y de la actividad de la empresas, según Gestha, registró un retroceso del 74 por ciento en este periodo, hasta situarse en 3,7 millones de euros, debido principalmente a la evolución descendente del mercado de la vivienda y la caída del gasto en consumo de las familias. En Santa Cruz de Tenerife, por su parte, el retroceso fue del 18,6 por ciento y se situó en 2,3 millones de euros

Asimismo, los ingresos derivados del IRPF, que recogen los pagos fraccionados ingresados por los autónomos y las cantidades retenidas por las empresas a sus empleados, experimentaron también una bajada del 17,2 por ciento en Las Palmas, situándose en 413 millones de euros en este periodo debido al mayor adelanto de las devoluciones y el descenso de las retenciones de capital en mayo. En Santa Cruz de Tenerife el descenso fue del 29,5 por ciento, unos 202,3 millones menos.

Los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, la principal fuente de ingresos del Estado después del IRPF y del IGIC, registraron un descenso del 44,3 por ciento en los cinco primeros meses del año en Las Palmas, situándose en 22,2 millones de euros, debido a la caída de los beneficios empresariales por la crisis, así como el aumento de las solicitudes de aplazamiento o pago fraccionado ante la falta de tesorería y fuerte endeudamiento que padece el sector empresarial español. Por su parte, en la provincia occidental la caída fue del 40,3 por ciento, situándose en 232,7 millones de euros.

Por comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla protagonizaron las mayores caídas en su recaudación, con un retroceso del 35,4 y 32 por ciento, respectivamente, hasta mayo, seguidas de la Región de Murcia (-30,5) y las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, con unas bajadas del 30,2 y 28,8 por ciento, respectivamente. La Comunidad de Galicia registró un retroceso en su volumen de ingresos tributarios del 28,6 por ciento, seguida de Cataluña (-21,25) y Andalucía (-26,1).

Por el contrario, las regiones donde los ingresos tributarios experimentaron descensos menos acusados fueron, por este orden, País Vasco, con una caída del 10,5 por ciento y Madrid, con una bajada del 10,8 por ciento, seguidas de las Islas Baleares (-17,18), el Principado de Asturias (-19,57) y Cantabria (-22,57 por ciento).

Los técnicos de Hacienda entienden que si bien este retroceso de los ingresos del Estado responde lógicamente a la fuerte caída de la actividad económica y el consumo, advierten que también obedece al aumento de la economía sumergida en una coyuntura donde las dificultades económicas promueven la picaresca e incitan a los contribuyentes a defraudar antes que a cumplir sus obligaciones fiscales.

En este sentido, recordaron la importancia de reforzar la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro existentes en España, con el fin de evitar que la situación del déficit público, represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria o fuertes recortes en el gasto social.

La economía sumergida en España se sitúa en el 23 por ciento del PIB, lo que supone que existen actividades económicas por importe de más de 240.000 millones de euros que no pagan impuestos, por lo que se dejan de ingresar casi 90.000 millones de euros anuales.

Ante esta situación, Gestha consideran prioritario que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

Para ello, consideran “imprescindible” autorizar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación. En este sentido, recordaron que el Congreso de los Diputados aprobó el 19 de mayo dos Resoluciones del Debate del estado de la Nación sobre la necesidad de realizar esta autorización.

 

 

 

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