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Entrevista a Carlos Espino sobre las licencias de Yaiza y Teguise

“Por salud democrática este pueblo tiene que ver que alguien paga de manera personal”

Una década después de que se desatase la última ‘fiebre' de la construcción turística en Yaiza y Teguise, la situación no puede ser más compleja: 27 proyectos turísticos están anulados o en proceso de serlo por la Justicia, y dos ex alcaldes, sus secretarios, algún técnico municipal y hasta un abogado externo se encuentran imputados en procedimientos penales por la presunta trama que existió para conceder licencias ilegales.

M. Riveiro
[Sábado, 2 de mayo de 2009] [08.00]

El abanico de los supuestos delitos por los que están siendo investigados incluye prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos. Por diferentes motivos están imputados José Francisco Reyes, Juan Pedro Hernández, Vicente Bartolomé Fuentes, Pablo Carrasco o Felipe Fernández Camero.

Las diligencias judiciales se abrieron a raíz de una denuncia en 2006 del entonces consejero de Política Territorial y hoy secretario general del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, que en esta entrevista sostiene que la depuración de responsabilidades debe llegar hasta el final “por salud democrática”.

- La Fiscalía ha cuestionado que usted haya apuntado al letrado Felipe Fernández Camero como el presunto cerebro jurídico de la “trama” de Yaiza y Teguise pero no se haya querellado contra él. ¿Qué es lo que le ha llevado a señalar tan directamente a este abogado en concreto?

- Con respecto a ese tema, la posición que sostuve y sigo sosteniendo es que de la documentación que obraba en mi poder, y de como había evolucionado la forma de comportarse de los dos ayuntamientos, entendía que había una dirección única que había trazado una estrategia y eso es lo que puse en conocimiento de la Udyco (Unidad contra la delincuencia y el crimen organizado) y posteriormente del Juzgado. Quiero ser muy respetuoso, debo serlo, con las investigaciones que se están llevando a cabo.

- Sobre el modo en que interpone la denuncia inicial en noviembre de 2006, ¿por qué acudió a la Udyco y no a otro organismo?

- La ley en ese sentido es clara: el funcionario y los cargos públicos que conocen un hecho delictivo tienen que ponerlo en conocimiento de la Justicia , de la Fiscalía o de la Policía. En este caso, dada la complejidad del expediente y eso que sólo sabíamos la parte de la que el Cabildo tenía conocimiento, que eran los 27 de procedimientos administrativos que entendíamos que podían estar sujetos también a ilícito penal, decidí en ese momento acudir a la Udyco porque es un órgano especializado en investigaciones. Si nos situamos en el 2006, la Udyco llevaba unos meses operando en Canarias y habían sido muy relevantes desde el punto de vista informativo las actuaciones que habían llevado a cabo.

- ¿El hecho de que se retirasen los pleitos contra tres licencias hoteleras no avala el criterio de ciertos promotores turísticos de que el Cabildo ha actuado de manera arbitraria, discriminando a unos y beneficiando a otros?

- En absoluto. Si uno no quiere dos no pelean. El Cabildo interpone una serie de procedimientos y hay hasta tres titulares de licencias que vienen, con distintos motivos, y solicitan que se retiren sus recursos esgrimiendo sus argumentos. Hay dos casos [en la zona de Puerto Calero] en los que no habían agotado los planes parciales el cupo de camas y el Cabildo retira los pleitos cuando se le convence. En el tercer caso [Yudaya en Playa Blanca] es más complicado porque hay una pequeña construcción de 43 unidades realizadas y una orden del Supremo de que se podía construir un hotel de más de 900 plazas. El empresario dice que no quiere la inseguridad, aún teniendo medidas cautelares, y acuerda con el Cabildo pagar en forma de camas que pierde por lo que había hecho de manera irregular.

- ¿Estos acuerdos no se podían haber alcanzado con más promotores?

- Se podía haber llegado con el resto de promotores. Pero es que el resto de promotores se unieron para exigir al Cabildo que, sin ningún tipo de motivación, retirase todos los procedimientos. Lo que tendrían que preguntarse es por qué algunos tuvieron la prudencia de no correr riesgos y ver de qué manera podían acogerse a la legalidad y otros apostaron por seguir adelante, porque les aconsejaron así o porque tenían más valor, entendido como cierta tendencia suicida para sus inversiones. Los tribunales han colocado a cada cual en su lugar y eso no significa que el Cabildo haya elegido con unos sí, con otros no. Han sido otros los que han decidido que se agotara la vía judicial.

- ¿Cree que debe ir alguien a la cárcel por las licencias ilegales?

- Creo que por salud democrática este pueblo tiene que ver que alguien paga de manera personal las consecuencias de sus actos. Con independencia de que –y sobra que lo diga- a nadie se le desea que tenga una condena penal, no hay ninguna rencilla personal. Pero en este proceso en el que nos encontramos, que arranca en el año 1989 cuando se empieza a redactar planeamiento y a existir tentaciones de saltarse la norma, lo que está claro es que si se han infringido de manera sistemática las leyes sería muy difícil que esta sociedad asistiera al espectáculo de que aquí no ha pasado nada. Cuando se cometen actos que algunos sostenemos que son delictivos, alguien tiene que pagar por ellos.

- El Cabildo ha anunciado un proyecto legislativo que establecerá un marco para que los hoteles que puedan regularizarse lo hagan. ¿Cómo va a ser la formula mágica para conseguir que un establecimiento con licencia anulada se legalice?

- La ley es clara. Aquel que se encuentra con una licencia anulada o no tiene licencia, dispone de la posibilidad de tratar de obtener la autorización que ampare sus obras. No hay margen de discrecionalidad ni de arbitrariedad, tiene derecho a hacerlo. Cierto es que por lo que conocemos de los expedientes judiciales, de los planos, de las obras que se han realizado, sabemos que todos los informes de compatibilidad con el PIOT van a salir negativos. El Cabildo podría pararse ahí, y cuando los promotores pidan [de nuevo] las licencias a los Ayuntamientos responder con un informe negativo. En ese momento nos encontraríamos otra vez en la casilla de salida: es decir, se encuentran sin licencia y por tanto, tal como prevé la ley, hay que restablecer la legalidad alterada, lo cual equivale, sin eufemismos, a la demolición.

- Entonces, ¿cuál es la salida que se propone?

- Un proceso como el que hemos vivido no puede terminar, no debe terminar, con la demolición de todas las instalaciones afectadas cuando, además, todas no tienen el mismo grado de incumplimiento. Lo que se pretende por parte del Cabildo es crear un marco no que legalice la situación de los hoteles [sin más, sino que permita justificar un cambio del planeamiento compensando el interés general]. Tenemos un problema importante y es que a medida que vayan llegando a término las medidas de contención del crecimiento [como la moratoria turística] nos encontramos con toda una serie de camas que tienen derechos consolidados y que habría que indemnizar para hacerlas desaparecer del mercado. Vamos a ofrecer la posibilidad a aquellos señores que han infringido la ley, para ser merecedores de que se realicen cambios en el planeamiento, de que se hagan cargo de indemnizar los derechos edificatorios que hacemos desaparecer. Por supuesto esto tiene un límite, que viene marcado por determinados incumplimientos.

- ¿Cuántos hoteles cree que deberían ser demolidos por esos incumplimientos?

- Eso no me atrevo a responderlo de entrada porque no se corresponde con un criterio personal sobre el tema. En el Cabildo se está trabajando en el cuerpo legal para transitar hacia esa reforma de la ordenación que permita la legalización en los casos que sea posible. Evidentemente, habrá que demoler los que no sea posible legalizar, pero no se corresponde con un deseo ni con una voluntad sino con la sujeción a las medidas que vayamos adoptando.

[Por la extensión de la entrevista efectuada a Carlos Espino, se ha creído conveniente dividirla en dos partes. Este domingo DiariodeLanzarote.com publica la segunda entrega, centrada en la situación de las dos principales empresas públicas, Inalsa y los Centros de Arte, Cultura y Turismo]

redaccion@diariodelanzarote.com

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