El Consorcio del Agua de Lanzarote, compuesto por el Cabildo y los ayuntamientos y propietario de Inalsa, ha decidido este viernes por unanimidad solicitar para la empresa pública un concurso voluntario de acreedores. En estos momentos, la deuda de la compañía asciende a unos 38 millones de euros, tal y como precisó la presidenta del Cabildo, Manuela Armas.
El principal acreedor es Unelco-Endesa, a la que se le adeudan unos 14 millones de euros. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) tiene derecho a otros 13 millones de euros por el laudo arbitral de la planta desaladora de Janubio. A Aguas Filtradas, encargada de la depuración, se le deben unos 8 millones y a entidades bancarias otros 2,5 millones aproximadamente. Inalsa tiene unos ingresos de explotación anuales de unos 27 millones de euros.
La presidenta del Cabildo, Manuel Armas, confirmó que el magistrado en excedencia Juan José Cobo Plana, especializado en Derecho Mercantil, será el responsable de tramitar para Inalsa la solicitud del concurso de acreedores al Juzgado, para lo cual tiene un plazo de dos meses.
La presidenta cabildicia indicó que a partir de que se declare el concurso se abre un plazo de un año para llegar a acuerdos con los acreedores para hacer frente a la deuda, que serán supervisados por los administradores judiciales que se designen. “El objetivo”, dijo Manuela Armas, “es pagar a los acreedores pero también asegurar la viabilidad de la empresa”.
Recurso al laudo de Janubio
Armas aseguró que Inalsa va a interponer el próximo lunes un incidente de nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que ratificó la validez del laudo arbitral que condenó a la empresa pública al pago de unos 13 millones de euros por el incumplimiento del contrato de la planta desaladora de Janubio.
Además, apuntó que al margen de recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, la empresa pública también interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta vía ha sido reclamada desde hace semanas por los grupos de la oposición en el Cabildo.
Precisamente la obligación de Inalsa de hacer frente al laudo de Janubio y pagar a FCC unos 13 millones de euros ha sido “la gota que colmó el vaso” e inclinó a la presidenta del Cabildo a impulsar la solicitud del concurso de acreedores para Inalsa.
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