
El comité de empresa de Inalsa ha rechazado el plan de viabilidad y modernización de la empresa pública, presupuestado en 77,1 millones de euros, al considerar que carece de “informes técnicos, jurídicos y económicos que lo avalen”. También se han opuesto a que se financien obras a través de créditos empresariales, como recoge el documento.
Los representantes de los trabajadores han dejado claro este lunes que estarán “de acuerdo con éste y con cualquier otro plan con el que se resuelvan los años y años de mala gestión en la producción, distribución y reutilización del agua en Lanzarote”.
Sin embargo, han puesto como condición inexcusable que “no se acuda a la inyección de capital privado para proveer de infraestructuras básicas” a la Isla.
Así, entienden que la financiación es responsabilidad de los “organismos públicos” y consideran que, de lo contrario, se estaría ante una “privatización encubierta”.
“La inyección de capital privado que propone el plan” de viabilidad “y su cuantía”, hasta 47,8 millones presupuestados, “hace imposible que Inalsa en el futuro siga siendo pública”.
Y es que, a juicio del comité de empresa, la compañía no tendría capacidad “de amortizar ese capital año por año en función de la realidad de la empresa”.
Para la plantilla de Inalsa resulta inconcebible que una empresa de capital público “no tenga credibilidad ante las entidades bancarias” o los organismos regionales, estatales y europeos “a la hora de solicitar refinanciación, financiación y subvenciones para infraestructuras básicas”.
Según el comité de empresa, “todos y cada uno de los cargos públicos” de Lanzarote deben dar “ejemplo” y buscar “financiación pública para llevar a cabo esta o cualquier otra iniciativa que modernice y haga viable la gestión pública del agua”.
Los representantes de los trabajadores consideran que se debe “mirar al frente para salvar el modelo público de gestión del agua” y subrayan que es “inútil” echarse la culpa “de quien ha llevado a Inalsa” a su situación actual.
Disolver Inalsa
Por otro lado, el comité de empresa de Inalsa ha comenzado este lunes un proceso para solicitar la disolución de la empresa pública de aguas, ateniéndose a una resolución emitida hace ocho años por el Parlamento de Canarias (a través de la Audiencia de Cuentas), que advertía que “la organización actual resulta perjudicial para la propia Administración y para los usuarios”.
De esta forma, los trabajadores piden que sea el Consorcio Insular del Agua, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla , el que se haga cargo de la gestión del agua en Lanzarote.
Ésta es una de las primeras medidas tomadas por el comité de empresa tras conocer el plan de viabilidad presentado hace dos semanas por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas.
Una medida que, según han afirmado los trabajadores, puede prevenir “lo que se le viene encima” y evitar que la empresa llegue “a la ruina con la inyección de dinero de empresas privadas”.
Más detalles
LAUDO. El comité dejó claro este lunes su oposición al acuerdo extrajudicial alcanzado con la UTE Edam Janubio por el que Inalsa abonará 2,5 millones de euros sin contar con los intereses para solucionar el conflicto por la planta desaladora del Sur.
NECESIDADES. “Inalsa necesita de una serie de actuaciones en infraestructuras básicas, en gestión económica y en control interno así como de optimización de la plantilla y de las subcontratas”, reconocieron los miembros del comité.
PLANTILLA. Inalsa cuenta actualmente con 190 trabajadores contratados directamente por la empresa pública, más 120 subcontratados. En el comité de empresa están presentes los sindicatos UGT, CCOO e Intersindical Canarias. Además, dos de los trabajadores del comité son independientes, entre ellos, su portavoz, David Luna.
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