
El proyecto de directiva para la devolución de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la Unión Europea (UE) no ha conseguido ser el objeto de un acuerdo entre los Veintisiete socios comunitarios. Diez Estados miembros: Francia, Alemania, Austria, Grecia, República Checa, Hungría, Italia, Polonia, Malta y Lituania se han opuesto a su adopción “porque quieren endurecer más la directiva”, aseguraron fuentes comunitarias.
Bélgica también ha mostrado reservas pero por cuestiones internas ya que su enrevesado sistema político aún no le ha permitido decidir una postura.
El polémico texto se abordaba esta tarde a nivel del Comité de los Representantes Permanentes (Coreper) y para su adopción sólo era necesaria la mayoría cualificada. Una mayoría que, sin embargo, no se ha alcanzado.
Por su parte, Francia ha pedido que se estipule un periodo para la expulsión de los menores. En este sentido, las fuentes indicaron que del texto del proyecto de directiva se deduce que si un menor puede ser devuelto pero está escolarizado habría que esperar al final del año escolar para proceder a su expulsión.
No obstante, París quiere que se fije un periodo para que cuando se determine la devolución de un niño pueda realizarse con más inmediatez, explicaron las fuentes comunitarias.
Asimismo, parte de estos diez Estados miembros han pedido que la ‘prohibición de entrada' a la UE para los inmigrantes irregulares devueltos sea automática.
Alemania, Austria y Grecia han puesto reservas a la concesión de ayudas económicas para que los inmigrantes vuelvan a su país ya que no hay un presupuesto comunitario previsto para tal efecto sino que tendría que salir de las cuentas nacionales.
Italia, Hungría, la República Checa y Francia han planteado problemas respecto al periodo que disponen los irregulares para irse voluntariamente (entre 7 y 13 días, según el proyecto de directiva rechazado hoy) y han pedido que se amplíe.
Otra de las reservas se refiere al seguimiento por parte de un juez de los procedimientos de retorno forzado. Austria, Polonia, Malta y Chequia coincidieron en pedir que se retire este control ya que supone una carga administrativa.
Sin embargo, otros socios, como España, Portugal, el Reino Unido, Luxemburgo, Suecia, Holanda y Eslovaquia, expresaron que podían aceptar la directiva en los términos del acuerdo alcanzado el pasado 23 de abril en el trílogo, entre respresentantes de la Eurocámara y la actual Presidencia Eslovena de la UE en nombre de los Estados miembros.
El polémico periodo de detención de los inmigrantes que quedaba establecido en un máximo de 6 meses, ampliable otros 12 en casos específicos, no ha sido el objeto de ninguna reserva por lo que es aceptado por los socios comunitarios.
Ahora, la Presidencia Eslovena –que culmina su mandato a finales de junio- debe “ver cómo encauza el tema” y tendrá que negociar con la Eurocámara cualquier modificación que haga del texto que había consensuado, ya que en esta materia se aplica el procedimiento de codecisión.
El proyecto de directiva de retorno contaba, en el Parlamento Europeo, con el apoyo de los populares y los liberales (PPE y ALDE), que son mayoría, pero con el rechazo de los socialistas, los Verdes y la Izquierda Unitaria, que consideran que algunas medidas como el periodo de detención, la devolución de los menores o la prohibición de entrada van demasiado lejos.
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