Ante la consulta pública sobre la estrategia con las RUP

El Gobierno de Canarias pide a Bruselas que estudie limitar la segunda residencia

El Gobierno de Canarias plantea a la Comisión Europea, en su documento de aportación al debate sobre la futura estrategia con las regiones ultraperiféricas (RUP), que estudie “eventualmente la posibilidad de regular” la segunda residencia en el Archipiélago “durante un tiempo determinado, condicionando la adquisición de las mismas, siguiendo algunos precedentes existentes” en la Unión Europea (UE) como el “caso de Dinamarca, Finlandia o Malta, y siempre que no exista discriminación entre los nacionales de los Estados miembros”.

ACN
[Domingo, 4 de mayo de 2008] [07.00]

En este sentido, el documento argumenta que “ante el incremento de la población y su presión sobre un territorio limitado como el de las RUP” sería conveniente analizar el “alcance cuantitavo” de la residencia secundaria para determinar si es necesaria su restricción.

Asimismo, el Ejecutivo de Archipiélago pide a Bruselas que tenga en “cuenta los mayores costes de la provisión de servicios públicos” que Canarias, y el resto de las RUP, donde además el crecimiento poblacional ha generado una mayor demanda de bienes y servicios, “a la hora de asignar los recursos dirigidos a compensar los costes adicionales de la ultraperificidad”.

Éstas son las medidas que el Gobierno de las Islas propone y traslada al Ejecutivo comunitario para afrontar el desafío de la evolución demográfica, que junto a la migración, supone uno de los cuatro retos identificados por Bruselas en su comunicación sobre la estrategia con las RUP. Los otros tres son: cambio climático, agricultura y política marítima.

Todos estos ámbitos, y otros, aparecen en la aportación del Ejecutivo canario a la consulta pública que lanzó la Comisión Europea. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, el documento insiste en que se aproveche el potencial de las Islas como “plataforma de cooperación” con África. También pide que se dote a los “países de origen de las infraestructuras y medios necesarios” para la gestión de los flujos.

El refuerzo de la capacidad de Frontex y su presencia permanente en Canarias donde “por estratégico encalve geográfico y su experiencia en la gestión de flujos migratorios” deberá instalarse uno de los Centros Nacionales de Coordinación del sistema europeo de vigilancia, son otras de las acciones que pide el Gobierno de las Islas en migración.

Además, el documento reclama nuevamente que “en base al principio de solidaridad” se favorezca un “reparto equitativo de las responsabilidades y cargas financieras” derivadas de la atención a los menores inmigrantes no acompañados (Menas) entre los “distintos niveles de decisión (regional, nacional y europeo).

Que las RUP sirvan de plataforma para estudiar el cambio climático en su entorno geográfico; fomentar la agricultura de abastecimiento; desarrollar un turismo sostenible; impulsar las energías renovables; el establecimiento de ayudas para compensar las reducciones de la emisiones de gases; mantener un trato diferenciado para las RUP en las reformas de la Política Agrícola Común (PAC); proteger a la agricultura de estas regiones frente a la liberalización comercial; subvencionar la totalidad del transporte de los productos agrícolas; fomentar la investigación del ámbito marítimo; avanzar en la integración de las RUP en las redes marítimas de transporte y en las conexiones por mar con sus países vecinos, son otras de las propuestas que lanza el Gobierno Autonómico en sus ‘aportaciones de Canarias al debate sobre la futura estrategia con las RUP'.

Aparte, el Ejecutivo canario también ha aportado a esta consulta pública otros tres documentos referidos al cambio climático, la evolución demográfica y la política marítima. Desde Canarias también ha participado el Instituto de Astrófisica y el dictamen que recoge la opinión del Comité de las Regiones (CdR) sobre la estrategia con las RUP tuvo como ponente al presidente del Ejecutivo del Archipiélago, Paulino Rivero.

Por parte de los organismos europeos existen otros dos informes: del Comité Económico y Social (CES) y del Parlamento Europeo. Este último, cuya ponente es la eurodiputada francesa Margie Sudre, está previsto que se vote en la sesión plenaria del 19 de mayo.

Los Gobiernos de Madeira y Portugal también han remitido a Bruselas sus aportaciones, así como las Juventudes Socialistas de Azores y la Sociedad de Desarrollo de Madeira. Varios eurodiputados portuguesas han presentado a título personal sus ideas.

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