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El pleno del Parlamento aprobó este jueves, con los votos favorables de CC y PP y la abstención del PSOE, la toma en consideración la proposición de ley presentada por el Cabildo tinerfeño para garantizar la restitución de los terrenos agrarios en producción afectados por la ejecución de obras de infraestructuras.
Para ello, la propuesta plantea una modificación de la ley de ordenación del territorio para garantizar que se minimice la ocupación de estos suelos por las obras necesarias de infraestructuras, con la incorporación del principio de precaución y utilización más eficiente e incentivando la ocupación por los suelos de menor capacidad agrológica.
También plantea la fijación de un canon calculado como porcentaje a determinar por el cabildo insular, entre el 3 y el 10 por ciento, sobre el valor del presupuesto total de la obra a ejecutar en prorrata a la superficie de suelo afectada y que será aportada por el promotor de la infraestructura.
Además, fija que estos recursos sean destinados a la constitución de un nuevo fondo de compensación territorial gestionado por los cabildos para la realización de políticas de conservación de los espacios agrarios.
El proyecto de ley fue defendido por el presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, y el vicepresidente de la Institución, Carlos Alonso, quienes destacaron la importancia de preservación de los valores del suelo agrario.
Melchior, que recordó que la propuesta fue aprobada en diciembre de 2007 por la Institución insular y cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias, destacó que se pretende revertir la situación de fuerte presión que vive el suelo agrario por parte de otras actividades.
Indicó que esta situación es especialmente grave en aquellos paisajes y cultivos donde la actividad agrícola tiene una baja productividad, lo que provoca procesos de sustitución de la actividad o incluso el abandono de la actividad ante oportunidades de empleo en otros sectores.
Apuntó esta presión es impulsada por el crecimiento demográfico (vivienda, equipamientos urbanos e infraestructuras), que exige una mejor dotación de servicios públicos, de movilidad o de vivienda. No obstante, indicó que “afortunadamente” hasta ahora los suelos que se han visto afectados están clasificados como en abandono.
El vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, destacó que no existen mecanismos e incentivos económicos concretos en la normativa actual para hacer operativos los objetivos y principios recogidos en las Directrices sobre la preservación de los valores del suelo agrario.
El diputado del PP, Miguel Cabrera, expresó el respaldo de su grupo a esta iniciativa, que “tiene un buen propósito” y destacó llega a la Cámara con el respaldo unánime de los grupos en el Cabildo. Además, estimó que puede ser compatibilizada con las propuesta de alternativa cero planteada por el PSOE ante la Cámara y anunció que en el trámite de enmiendas se intentará mejorar “algún disparate que otro”.
El diputado de CC, José Miguel González, consideró que el desarrollo “desordenado” que se han tenido las Islas “muchas veces los ha pagado” el suelo agrario y estimó la iniciativa del Cabildo tinerfeño como "muy razonable y muy bien justificada".
El diputado del PSOE, Santiago Pérez, indicó que la legislación no está aplicada porque no está desarrollada y recordó que el Gobierno tenía que haber desarrollado las Directrices desde 2003. Al respecto, recordó que se tenían que haber aprobado las directrices sectoriales del suelo agrario y de infraestructuras, dos asuntos que dijo se tienen que abordar si quiere afrontar la situación con “seriedad”.
Frente a ello, recordó situaciones como los 20 folios de alegaciones presentadas por las asociaciones ganaderas a la Vía Exterior en La Laguna (Tenerife) que afectará a más de 1,2 millones metros cuadrados de suelo agrícola en la zona de la Vega lagunera, que se encuentran entre los mejores terrenos agrícolas de Canarias.
Así, consideró que lo que el suelo agrícola de Canarias necesita no es más legislación, sino políticas activadas “no meramente de subvención” y que cuando se defina el trazado de una infraestructura se valore la necesidad de la misma y se escoja como alternativa principal de la potenciación de las ya existentes.
Lejos de esto, lamentó que el Gobierno canario “o no aplica o no desarrolla la ley, o la cambia cada vez que la aplica suplantando el papel del Parlamento”.
redaccion@diariodelanzarote.com
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