La empresa pública abonaría a la UTE unos 2,5 millones de euros

Guerra anuncia al Consejo de Administración de Inalsa un acuerdo extrajudicial por el laudo de Janubio

La consejera delegada de Insular de Aguas de Lanzarote SA (Inalsa), Plácida Guerra, dio a conocer este miércoles a los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas un acuerdo extrajudicial con la UTE Edam Janubio que pondría fin al conflicto judicial entre ambas entidades por 2,5 millones de euros.

DiariodeLanzarote.com
[Miércoles, 23 de abril de 2007] [14.23]

Este acuerdo está cerrado “de facto”, según indicaron fuentes del Consejo de Administración de la empresa pública, que “compensaría” con 2,5 millones de euros a la UTE Edam Janubio por la inversión en la construcción de la planta desaladora.

Desde el mes de junio de 2006, la unión temporal de empresas, controlada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), tiene a su favor un laudo arbitral por incumplimiento de contrato por parte de Inalsa.

Un auto judicial de octubre de 2006 cuantifica el montante económico al que tendría que hacer frente Inalsa en 9,5 millones de euros por el laudo arbitral, a los que habría añadir otros 2,8 millones en intereses y costas.

Con este acuerdo extrajudicial, ambas entidades entregarían las armas de la batalla judicial que se ha desatado desde hace casi dos años: el Consorcio del Agua, propietario de Inalsa, anuló el contrato del año 2001 de adjudicación de la planta con un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y recurrió ante la Audiencia Provincial pidiendo la nulidad del laudo.

Por su parte, la UTE Edam Janubio ha recurrido la anulación del contrato de la planta desaladora y, sobre todo, ha conseguido que sus tesis prosperasen en el Juzgado Número 13 de Las Palmas, encargado de la ejecución del laudo arbitral.

El representante de Coalición Canaria (CC) en el Consejo de Administración, Marciano Acuña, se mostró “totalmente en contra” del acuerdo negociado por la dirección de Inalsa al entender que “se debe seguir la vía judicial” para demostrar que tanto el contrato de la planta desaladora como el laudo arbitral no son ajustados a derecho.

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