Según señaló en el Parlamento la consejera de Bienestar Social

Un total de 607 familias ya cobran la prestación de inserción social en Canarias

Un total de 607 familias ya cobran la prestación de inserción social en Canarias, según destacó este miércoles la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, que compareció en el pleno del Parlamento autonómico a petición del grupo Socialista (PSC-PSOE) para informar de la evolución de la Prestación Canaria de Inserción Social.

ACN
[Jueves, 10 de abril de 2008] [07.00]

Rojas explicó que fue en el mes de diciembre, a pesar de que la Ley oficialmente entró en vigor en agosto, cuando el Ejecutivo regional empezó a recibir los primeros expedientes completos de familias que necesitaban la prestación. En diciembre, dijo, se entregaron 6 prestaciones y tres meses más tarde, en marzo, el Gobierno canario tiene más de 600 prestaciones.

La consejera, que recordó que en un principio costó diferenciar una Ayuda Económica Básica (AEBA) de una prestación canaria de inserción, señaló que la que más paga la prestación es Canarias, pues la ayuda mínima es de 458 euros.

Expuso que la nueva normativa establece dos claves importantes a nivel administrativo: el papel de los equipos multidisciplinares de los ayuntamientos, que deben elaborar una ficha social y un itinerario personalizado para unidades familiares; y la puesta en marcha de una oficina virtual sin papeles. En este escenario, continuó, Gobierno y ayuntamientos trabajan en un sistema de información compartido e innovador en cuanto a tecnologías con el que se dispone de una carpeta virtual con toda la información.

Destacó que la Consejería ofrece a los 88 ayuntamientos de las Islas un soporte informático así como los medios necesarios para favorecer la gestión de las prestaciones.

“Hasta ahora la mayoría de personal de lo social en las Corporaciones locales está absolutamente burocratizado y solo atienden a las personas que vienen al Ayuntamiento a decir que tienen una necesidad, cuando muchas veces las que son realmente vulnerables y necesitadas no acuden a pedir ayudas. Por eso, añadió, es imprescindible que estos profesionales estén fuera del edificio y estén a pie de los problemas de la gente”.

Inés Rojas destacó que al Gobierno regional lo que le preocupa sobre todo es la gente y no tener en cuenta quien tiene o no las competencias. “En lugar de presionar a las corporaciones locales lo que hacemos es llegar a un consenso con ellas y dotarlas de equipos multidisciplinares”, dijo la titular de Bienestar Social.

La diputada del grupo parlamentario Socialista, Olivia Cedrés, calificó la gestión de la Ley de prestación de “desastrosa” y recordó que en 2007 de las AEBAS y de la prestación canaria solo se beneficiaron 993 personas.

Según Cedrés, se otorgaron 3.887 prestaciones menos que en 2006, “cuando los datos del Consejo Económico y Social (CES) y del ISTAC apuntan una subida de la pobreza en Canarias.

Por eso, la parlamentaria socialista acusó al Gobierno autonómico de haber “abandonado” a las personas, pues insistió en que solo 6 prestaciones se dieron en los seis primeros meses de vida de la Ley y de ellas solo tres fueron para el Sur de Lanzarote y Sur de Fuerteventura, las zonas donde hay más pobreza en las Islas junto con las áreas metropolitanas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Consideró que el año 2007 es “irrecuperable” para los ayuntamientos de Canarias por mucho que lo refuerce el Ejecutivo con equipos y es por ello , agregó, por lo que el PSOE presentará en la Cámara una proposición no de Ley para que se restablezca el dinero en ayudas de emergencia social que los ayuntamientos canarios han destinado a las personas que debían recibir la prestación canaria de inserción.

El diputado del grupo parlamentario Popular (PP), Carlos Ester, opinó que no se puede decir que la política social del Gobierno canario es mala como afirma el PSOE, pues subrayó que en menos de un año de aplicarse la Ley ya perciben las ayudas 607 familias.

La diputada del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), Flora Marrero, dijo que la ley está hecha con responsabilidad y es por eso por lo que marcará “un antes y después en la acción social” del Archipiélago. “Esta ley va a ser un éxito, pero no suyo ni del Gobierno, sino de la sociedad de Canarias, porque con ella tendremos una sociedad más justa”, puntualizó.
 

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