Interpondrá sendos recursos de inconstitucionalidad

El Gobierno recurrirá las leyes que regulan la competencia y el mercado interior del gas

El Gobierno de Canarias ha acordado en el Consejo de Gobierno celebrado este martes en la capital grancanaria, interponer sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes que regulan las concentraciones económicas y el mercado interior del gas, porque entienden que vulneran sus competencias.

ACN
[Miércoles, 2 de abril de 2008] [07.00]

Por ello, solicitarán un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia.

Carolina Déniz, portavoz del Ejecutivo, señaló que “previamente a la presentación de este recurso se constituyó la comisión bilateral Canarias-Estado en la que se llegaron a múltiples consensos pero se planteó una discrepancia con respecto al artículo 9 y 13”. Por ello se solicita el dictámen al Consejo Consultivo y se anuncia “la interposición del recurso de inconstitucional principalmente porque no se reconoce a Canarias “competencias para establecer este tipo de servicios cuando se dan concentraciones económicas en el ámbito del Archipiélago”. En este contexto, el Ejecutivo regional considera que “las competencias son suyas y el Estado cree lo contrario”, explicó Déniz.

Este no es el único dictamen solicitado ya que el Consejo de hoy decidió también pedir otro al Consejo Consultivo de Canarias y se anuncia la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2007 de 2 de julio que modifica el texto legislativo de 1988 en la que “se establecen normas comunes para el mercado interior de gas natural”.

En este tema también se ha constituido una comisión bilateral Estado-Canarias en la que se han llegado a algunos acuerdos pero “existe un conflicto en el artículo 32 bde la Ley 34/1998 en la que el Gobierno de Canarias entiende que tiene las competencias en lo que se refiere a “la autorización de las explotaciones y permisos de explotación cuando tenga el ámbito del subsuelo marino”.

El Estado entiende que estos casos tiene “todas las competencias”, explicó Déniz, “y el Gobierno considera lo contrario”.

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