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Durante el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife celebrado este viernes, el alcalde ha ratificado su intención de pedir la inejecución de la sentencia para defender “los intereses económicos del Ayuntamiento” y ha ido más allá asegurando que hay que “clarificar” el “entramado de sociedades” y “concesiones” que giraron en torno a la gestión del parking Islas Canarias.
La sentencia que anula la licencia del aparcamiento Islas Canarias ha sido uno de los puntos protagonistas del Pleno ordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Arrecife. A través de una moción, Alternativa Ciudadana ha solicitado al Consistorio “un pronunciamiento unánime condenando las acciones ilegales del anterior grupo de Gobierno”, así como “responsabilidades políticas y penales”.
Además, Barreto ha considerado “insólito, inaudito e inmoral” que sea Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento, el letrado encargado de dirigirse a los tribunales para solicitar la “inejecución de la sentencia”, debido a conocida participación del abogado en el proceso de concesión de las licencias, como ya denunció este jueves la Fundación César Manrique, que fue también la responsable del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
De esta forma, Alternativa Ciudadana reclama que este parking, situado en suelo público, ofrezca un servicio gratuito para los ciudadanos de Arrecife, y que por tanto, deben dejar de beneficiarse de él empresas privadas.
Además, Andrés Barreto ha señalado la existencia de tres empresas que trabajan dentro de dicho parque: una de alquiler de coches, otra de alquiler de limusinas, y una tercera de lavado y cambio de aceite de vehículos.
Según fuentes del Consistorio, la empresa que actualmente gestiona dicho aparcamiento, está estudiando solicitar una indemnización al propio Ayuntamiento. Una empresa que según AC, coincide además con la propiedad del Arrecife Gran Hotel, establecimiento que se sitúa junto al parking y al que éste cede unos 160 aparcamientos.
“No puede seguir siendo un negocio particular una obra pública que se hizo con licencia ilegal”, ha explicado Barreto ante el Pleno.
Por su parte, el alcalde de la capital, Enrique Pérez Parrilla, ha dejado claro que la solicitud de “inejecución de la sentencia” responde a “la defensa de los intereses económicos del Ayuntamiento”.
“Mi obligación como alcalde es evitar que este Consistorio se encuentre con indemnizaciones millonarias”, ha explicado Pérez Parrilla. Sin embargo, el alcalde ha ido más allá y ha señalado que el recurso interpuesto por la Fundación César Manrique, que se detiene en cuestiones formales, debería haber ido más al fondo de la cuestión.
“Donde hay que buscar los tres pies al gato es en las concesiones que se hicieron por 50 millones de pesetas”, ha indicado Pérez Parrilla. “Hay un suelo de más de 20.000 metros cuadrados situado en el centro de Arrecife que se cedió a esta sociedad por 50 millones de pesetas, y yo creo que ese suelo vale mucho más que eso”.
En este sentido, el alcalde se ha referido a “un entramado de sociedades” y “cesiones”. “Es mi intención clarificar esto, y si efectivamente nos encontramos con irregularidades penales, habrá que acudir a la Justicia”.
En cuanto a la participación de Felipe Fernández Camero, el alcalde ha aclarado que el Ayuntamiento “contrató profesionalmente” al abogado hace varios años para encargarse de este proceso, y que por tanto, esta última instancia “forma parte del mismo trabajo”.
Pérez Parrilla ha señalado que “un contrato no es tan fácil de romper y que, en todo caso, el señor Fernández Camero es solvente en sus actuaciones y entiendo que en este caso concreto parecía razonable que iba a defender bien al Ayuntamiento”.
Los hechos
Cabe recordar que la licencia para la construcción del parking Islas Canarias fue concedida el 5 de julio de 2002, según ha constatado el propio alcalde, momento en que portaba el bastón de la alcaldía María Isabel Déniz.
Los grupos de la oposición como PP y PNL han señalado que en ese momento los concejales que votaron a favor de este proyecto no cometieron “prevaricación”, como sostenía el concejal de Alternativa Ciudadana, ya que desconocían que se estaba cometiendo una irregularidad.
Tras el recurso interpuesto por la Fundación César Manrique, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia en mayo de 2006 debido a un cambio de suelo que no se incluía en el Plan General de Arrecife y al incumplimiento de la Ley de Puertos.
A pesar de que tanto la empresa como el Ayuntamiento presentaron un recurso contra la sentencia, el Tribunal Supremo se posicionó a favor de la misma el pasado mes de enero.
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