El escándalo se destapó en El Rosario por un plan parcial

La Fiscalía denuncia a un ayuntamiento de Tenerife por presunta prevariación y tráfico de influencias

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha tomado en consideración y dado traslado al Juzgado Decano de Instrucción de la denuncia presentada por el grupo de IR- Los Verdes contra el grupo de gobierno (PSOE) en el Ayuntamiento de El Rosario por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del Plan Parcial de El Varadero –anulado con posterioridad por una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias-.

ACN
[Jueves, 27 de marzo de 2008] [07.00]

Así lo anunció en rueda de prensa el portavoz de IR-Los Verdes, Escolástico Gil, quien apuntó que la Fiscalía les comunicó el pasado lunes la decisión de formular una denuncia en los mismos términos que la presentada por este grupo de la oposición en abril de 2007. En ella se advertía sobre las presuntas irregularidades en la tramitación de este proyecto urbanístico en un suelo clasificado como suelo rústico de protección ambiental en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).

Una vez presentada la denuncia por parte de la Fiscalía, corresponde ahora al Juzgado de Instrucción nº3 de Santa Cruz la apertura de nuevas diligencias previas de investigación, tras las que se decidirá si archiva el caso o lo remite al Juzgado de lo Penal imputando al grupo de gobierno los presuntos delitos denunciados.

Gil, que compareció acompañado por los concejales de IR-Verdes Jacinto Correa, Inmaculada del Cid y Victoriano Rodríguez, indicó que su grupo se personará en el proceso ejercitando la acción pública como medida inmediata ante la investigación abierta.

“No nos cabe duda de que todo el proceso administrativo en este caso está plagado de irregularidades demostrables”, afirmó Escolástico Gil, quien esperó que la investigación judicial que ahora se inicia aclare por qué el alcalde, Macario Benítez, y la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora, “han conducido a todos los concejales del PSOE a saltarse ciegamente una a una las advertencias técnicas y políticas” respecto a este Plan –sobre el que pesan tres sentencias en contra del TSJC-.

Al respecto, recordó el grupo de gobierno aprobó por silencio administrativo el Plan Parcial en abril de 2004, pese a todo el “desaguisado” que se había llevado a cabo y sabiendo de la desde 2002 que informes de la oficina técnica municipal, de la Cotmac y del Cabildo tinerfeño cuestionaban la legalidad del Plan por no ajustarse a la ley de Directrices de Ordenación del Turismo y al PIOT.

Gil recordó que las dos primeras sentencias del TSJC -a raíz de sendos recursos presentados por el Ayuntamiento y el promotor Amador Díaz Ramos contra el PIOT- ya remarcaban la prevalencia de la calificación como protección ambiental que PIOT da a esta zona.

Posteriormente, otra sentencia del TSJC de septiembre de 2007 anuló la aprobación por silencio administrativo positivo del Plan Parcial, tras el recurso judicial presentado por IR-Los Verdes contra este acuerdo plenario de abril de 2004.

Cabe recordar que, ante esta última sentencia del TSJC, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno canario decidió publicar la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario dejando en suspenso la situación de El Varadero.

Gil recordó que IR-Los Verdes ha presentado otro recurso contencioso administrativo ante el TSJC por la decisión del Gobierno canario de suspender y no anular este Plan Parcial, que, pese a todas estas decisiones judiciales, todavía está incluido en situación de provisionalidad en el PGO.

La Consejería anunció una revisión de oficio de este Plan Parcial para determinar la anulación o no del suelo como urbanizable. Para ello, ha indicado que lo someterá dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, un trámite que Gil recordó que es preceptivo pero no vinculante para la decisión que adopte el Gobierno.

Cuestionado sobre la decisión de la Cotmac de aprobar el Plan pese a conocer la situación, Gil recordó que tanto el Gobierno canario como el Cabildo tinerfeño fueron informados por IR-Los Verdes en 2006 y 2007 sobre las sentencias del TSJC.

“Nadie aquí puede decir que no sabía lo que pasaba”, sentenció Gil, quien dijo que la decisión de la Fiscalía significa que, tras cuatro años de “ardua lucha”, el conocido como caso El Varadero “entra en el terreno de las responsabilidades”, a través de una investigación judicial “con todas las garantías, desde la independencia y partiendo de la presunción de inocencia”.

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