
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha hablado este jueves en el Parlamento sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en Canarias. En este sentido, hay que destacar que hasta el momento, un total de 12.056 personas han solicitado acogerse a las ayudas contempladas en el nuevo sistema de la Dependencia y la Autonomía Personal.
De ellas, 7.609 personas han sido valoradas, lo que supone un 65% de las solicitudes que se han presentado. A fecha 3 de marzo, se han notificado 1.509 resoluciones de grandes dependientes, los llamados de grado III.
Por otro lado, también se ha valorado y reconocido a 200 personas con dependencia de grado II, es decir, aquellas personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, dos o tres veces al día, pero no requieren la presencia constante de un cuidador.
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda ha reiterado que las razones del retraso en la Publicación de la normativa autonómica imprescindible para el reconocimiento del derecho y el PIA de las personas en situación de dependencia, existentes en Canarias, se debe “al propio retraso de la normativa estatal”.
Inés Rojas afirmó que “el Congreso de los Diputados ha aprobado una buena ley, además con los votos de Coalición Canaria y las aportaciones del Gobierno de Canarias, entre ellas la incorporación de los niños de 0 a tres años que en principio no estaban contempladas”.
“Sin embargo-prosiguió Rojas- el Gobierno del Estado ha puesto en marcha un nefasto Sistema de la Dependencia, con una normativa tardía y a cuenta gotas, sin el consenso de las Comunidades autónomas, sin tener los sistemas de dependencia de cada una de ellas, que además tienen las competencias exclusivas. Si todo esto es grave, es más grave aún que se cree un Sistema de la Dependencia sin financiación”.
En este sentido la consejera canaria recordó que “de cada 100 euros que se invierten en Canarias en materia de dependencia 95 los aporta Canarias”.
En Canarias, además, los servicios sociales especializados están descentralizados, por lo que, afirmó Inés Rojas, “tenemos obligatoriamente que llegar a un consenso con los Cabildos Insulares para reglamentar. A esto hay que sumar que estuvimos negociando el convenio con el Estado hasta finales de año, y aún así solo aportaron 7 millones de euros frente a los 120 que aporta Canarias”.
Rojas concluyó señalando que su forma de hacer política es diferente. “Nosotros hemos puesto en marcha una Ley como la de Prestación en la que los ayuntamientos nos han expresado sus dificultades. La diferencia es que en vez de acusarlos cansinamente, nosotros nos hemos puesto a su lado para arreglar sus problemas, con más presupuesto y colaboración”.
La consejera sentenció “esa es la forma de aplicar las políticas sociales y no tratando de aplicar una ley, con una normativa a cuenta gotas y sin una ficha financiera digna”.
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