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Junta directiva de la Asociación Acción y Justicia Anticorrupción (AJA). |
La Asociación Acción y Justicia Anticorrupción (AJA), una organización integrada por representantes vecinales, ex empresarios y juristas, y asociada a un colectivo independentista canario, ha presentado una denuncia ante la sección segunda del Tribunal Supremo, en Madrid, contra el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
En la demanda se acusa al también candidato presidencial del PSOE en las elecciones generales del próximo domingo, de una supuesta "compra de votos" al anunciar la devolución a los contribuyentes de 400 euros en la próxima declaración de hacienda.
La denuncia fue registrada en el Alto Tribunal el 18 de febrero pasado a nombre de Leonardo Sanjuán Santana, presidente de AJA, un ex empresario vinculado a negocios portuarios y con domicilio personal en Las Palmas de Gran Canaria.
En el texto de la demanda se hace constar que la rebaja lineal de 400 euros en la declaración de la renta, anunciada por Zapatero en el contexto de la campaña electoral, "aparte de una responsabilidad política por parte del presidente del Gobierno, es una vulneración de los principios básicos que rigen las leyes y reglamentos en materia fiscal y presupuestaria".
Sanjuán agrega en su denuncia que la promesa de Zapatero es "una inmoralidad y, políticamente hablando, una práctica caciquil" que desembocarían en un presunto delito electoral.
El presidente de AJA basa toda su argumentación que una medida de esas características debe pasar por los filtros del Estado. El dirigente del colectivo asegura que si el Supremo no admite la demanda, llegará al Tribunal Constitucional y al europeo de Estrasburgo si es necesario.
El presidente de AJA protagonizó en la década de los 90 la formulación de una batería de denuncias públicas y judiciales por presunta corrupción contra dos presidentes del Puerto, José Manuel Hernández y Luis Hernández, así como contar un consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Ildefonso Chacón, de Independientes de Fuerteventura.
Contra todos, menos el PP
También presume Sanjuán de haber facilitado datos a la Justicia relacionados con la 'operación Paraíso', especialmente en lo que implica a los ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana, nacionalista, y Concepción Narváez, socialista.
En cambio, en ningún caso intervino en las otras dos operaciones judiciales abiertas en la actualidad que vinculan con presuntas corruptelas a altos cargos del PP en el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde, 'Eolo' y 'Faycán', respectivamente. Según el presidente de AJA, el alto coste de los gastos judiciales le desanimaron en esa oportunidad a presentar denuncias.
Además de Leonardo Sanjuán, en AJA confluyen juristas canarios y gallegos, dirigentes vecinales de La Isleta especialmente preocupados por la inmigración y un grupo independentista que en la página web de la asociación (www.justicia-anticorrupcion.com) editorializa con la bandera tricolor de las siete estrellas verdes, es decir la extraoficial del Archipiélago, como "el símbolo de unificación de todas las islas en una sola plataforma territorial que forman la nación Kanarya" (sic).
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