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La Ley de Costas cumple 20 años y “hay que cumplirla”

Costas responde a CC-PP que no permitirá ningún “eufemismo” como “flexibilizar” para obviar la Ley

El director general de Costas, José Fernández, ha respondido este viernes a la pretensión de los grupos parlamentarios de CC y PP en el Parlamento canario de que se “flexibilice” la Ley de Costas para determinados casos declarando que no permitirá ningún “eufemismo” que implique obviar la norma.

ACN
[Viernes, 15 de febrero de 2008] [14.37]

“Cuando nos hablan de flexibilizar la Ley de Costas si es un eufemismo para esconder ignorar la Ley de Costas no me vale –declaró Fernández- no se puede creer una cosa y la contraria, flexibilizar no tiene sentido, hay que cumplir la Ley”.

Hay que recordar que la iniciativa parlamentaria de CC-PP pretendía que se consideren como urbanos todos los emplazamientos que estén en el litoral sin ocupar el espacio público marítimo-terrestre y para eso piden que se busque una fórmula más flexible.

En este sentido, Fernández contesta que no puede permitir un precedente que “convierta en urbano un poblado de cuatro casas” porque, recordó, es director de Costas “en toda España”.

El director de Costas incidió mucho en que en todos los casos en los que se llevan a cabo derribos de construcciones ilegales se habla directamente con los ciudadanos afectados y que “siempre se suele hacer de forma pacífica porque los afectados saben que lo que hacen no está bien”.

En este sentido se quejó de que “alguien” a veces “ha calentado el ambiente”, pero insiste en que “la gente no es tonta y sabe cuando está en regla o no” porque, añade, “también los afectados salen beneficiados” de la recuperación de un espacio que “es de todos”.

Fernández recordó que la Ley de Costas cumple 20 años y “hay que cumplirla” porque sostiene que “es un instrumento” a favor del interés general aunque reconoce que “a veces choca con pequeños intereses particulares”, en referencia a los afectados por los derribos.

Deslindes y derribos

Así, considera que los dos grandes ‘leit motiv' que persigue esta Ley está en la recuperación de la degradación a la que se ven afectadas las costas españolas y evitar la privatización. Para ello hay dos grandes focos: los expedientes de recuperación del dominio público-marítimo terrestre, que pueden implicar derribos y, los deslindes, que “no conlleva nunca una demolición”.

En esto quiso ser muy claro. Los expedientes de recuperación se realizan porque hay ocupaciones que no tienen títulos administrativos y se ocupan los terrenos de forma privativa. “No lo hacemos porque sí, sino porque hay un proyecto público para recuperar lo que es de todos, el patrimonio natural, que también es importante para la economía, sobre todo de las Islas”.

En el caso de los deslindes, explica que deben realizarse porque “es bueno para la gente porque va a tener seguridad jurídica” y reconoce que en este tema antes “se hacía la vista gorda porque es un tema muy problemático”.

En este sentido, cree que la línea de servidumbre está bien definida en la Ley: la Ley de costas hace una diferenciación de la zona marítimo terrestre y de lo que es la zona de servidumbre, y dentro de esta última establece dos distinciones: la posibilidad de que ésta tenga unos 100 metros , si es suelo rústico o bien 20 metros, si es suelo urbano, los parámetros donde se quiere mover la propuesta parlamentaria de CC-PP.

Fernández recordó al Gobierno canario que es él el que tiene que resolver los problemas que se deriven porque es su competencia y no la del Ministerio de Medio Ambiente, reconociendo que existen “discrepancias” en este sentido entre lo que pretende CC-PP y el Estado.

“No podemos ser frívolos en rebajar la servidumbre, sólo se puede hacer con arreglo a la Ley ”, añadió, ya que considera que se podría sentar un precedente “al declarar como suelo urbano un poblado de cuatro casas”.

Propuesta

La portavoz del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, manifestó que el Ejecutivo autonómico lo único que pretende, en el tema de los derribos de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, es que el Estado “se siente y escuche a las personas, así como a los ayuntamientos y a las diferentes administraciones”.

Déniz recordó que las competencias para declarar la calificación del suelo le corresponden a la Comunidad autónoma “y es en estos parámetros donde se mueve el Gobierno canario: la posibilidad dentro de la ley de flexibilizar la aplicación de la Ley de Costas, pero nunca intentar legalizar una indisciplina urbanística”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife el pasado lunes, la portavoz –al ser preguntada sobre si el Gobierno tenía prevista alguna medida urgente para evitar el derribo de algunas viviendas próximas a la costa tras la decisión del Estado de no flexibilizar la Ley- dejó claro que el Ejecutivo “se va a mover en el respeto a la Ley de costas y en el respeto a lo que son las construcciones en el litoral”.

Explicó que la Ley de costas hace una diferenciación de la zona marítimo terrestre y de lo que es la zona de servidumbre, “y dentro de esta última establece dos distinciones: la posibilidad de que ésta tenga unos 100 metros , si es suelo rústico o bien 20 metros , si es suelo urbano”, y en esos parámetros es en los que se moverá el Gobierno canario, dijo.

 

redaccion@diariodelanzarote.com

 

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