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El futuro de la empresa pública Inalsa está en el aire. El Juzgado número 13 de Las Palmas acogió este miércoles una vista en la que se analizó la oposición de Inalsa a la ejecución del laudo que condenó a la empresa por incumplimiento de contrato con la adjudicataria de la planta desaladora de Janubio. Se estima que entre 15 días y un mes haya una decisión del juez.
Desde el año 2006 pende sobre la empresa pública de aguas, como una espada de Damocles, la obligación de pagar unos 12 millones de euros por el laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que determinó que Inalsa había incumplido el contrato para la construcción y explotación de la planta desaladora de Janubio, adjudicada en 2001 a la UTE Edam Janubio (FCC).
La ejecución del laudo arbitral se encuentra en el Juzgado número 13 de Las Palmas, que este miércoles a las 13.00 horas acogió una vista en la que se analizó la oposición de Inalsa en el proceso. La empresa pública defiende la imposibilidad de que se ejecute el laudo ya que el Consorcio Insular de Aguas (con el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias) anuló el contrato de la planta desaladora por irregularidades.
Según las fuentes consultadas, en un plazo inferior a un mes el juez seguramente decidirá si atiende la oposición de Inalsa a la ejecución del laudo o, por el contrario, prosigue con las acciones encaminadas a que la UTE Edam Janubio se embolse la cantidad que reclama, que según un auto inicial es de 9,5 millones de principal a los que habría que añadir 2,8 millones en concepto de intereses y costas.
En el caso de que el juez no le dé la razón a Inalsa, el escenario que se abriría para la empresa pública es peligroso. Hasta el momento, el Juzgado número 13 ha declarado -en octubre de 2006- el embargo de una parcela de 6.480 metros cuadrados en Las Caletas (Teguise), que fue adquirida por la empresa pública a la compañía Ercros a mediados de la década de los noventa y que en el Registro de la Propiedad aparecía a nombre de Inalsa.
Sin embargo, el valor de esa finca es muy inferior al montante del laudo condenatorio, por lo que la UTE Edam Janubio solicitaría la mejora del embargo. La unión temporal de empresas ha exigido al juez desde un primer momento que nombre un administrador judicial para garantizarse el cobro de la deuda, así como que proceda a embargar bienes y derechos de Inalsa. En ese sentido, el Juzgado podría tomar decisiones contra las cuentas bancarias y las subvenciones estatales a la desalación de agua.
A la espera de la resolución del Juzgado, en la vista los abogados de Inalsa aportaron una sentencia del Tribunal Supremo sobre el conflicto de jurisdicción, que dio la competencia para conocer sobre la ejecución del laudo al Juzgado número 13, y otra sentencia en la que se ratifica que la denegación de la licencia a la planta desaladora por parte del Consejo Insular de Aguas en el año 2004 fue una actuación ajustada a derecho.
Por su parte, la defensa de la UTE Edam Janubio aportó en la vista el recurso a la citada sentencia que dio la razón al Consejo Insular de Aguas. Además, argumenta que las causas "de fondo" para la oposición a un laudo están tasadas en la ley de enjuiciamiento civil, que recoge que éstas son el pago, la caducidad de la acción ejecutiva y el convenio o pacto en escritura pública por el que se haya adquirido el compromiso de no pedir la ejecución.
Negociación frenada
En este contexto, cabe destacar que las conversaciones entre Inalsa y la UTE Edam Janubio para tratar de alcanzar una salida extrajudicial al conflicto abierto por la planta desaladora se encuentran en 'punto muerto'.
Según las fuentes consultadas, no se ha avanzado en los contactos después de que la nueva dirección de la empresa, en manos de Plácida Guerra (PIL), se sentase con los representantes de la UTE, quedando ésta pendiente de una propuesta de pago que no ha sido concretada hasta el momento.
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