
La portavoz del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, manifestó este lunes que el Ejecutivo autonómico lo único que pretende, en el tema de los derribos de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, es que el Estado “se siente y escuche a las personas, así como a los ayuntamientos y a las diferentes administraciones”.
Déniz recordó que las competencias para declarar la calificación del suelo le corresponden a la Comunidad autónoma “y es en estos parámetros donde se mueve el Gobierno canario: la posibilidad dentro de la ley de flexibilizar la aplicación de la Ley de Costas, pero nunca intentar legalizar una indisciplina urbanística”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, la portavoz –al ser preguntada sobre si el Gobierno tenía prevista alguna medida urgente para evitar el derribo de algunas viviendas próximas a la costa tras la decisión del Estado de no flexibilizar la Ley- dejó claro que el Ejecutivo “se va a mover en el respeto a la Ley de costas y en el respeto a lo que son las construcciones en el litoral”.
Explicó que la Ley de costas hace una diferenciación de la zona marítimo terrestre y de lo que es la zona de servidumbre, “y dentro de esta última establece dos distinciones: la posibilidad de que ésta tenga unos 100 metros, si es suelo rústico o bien 20 metros, si es suelo urbano”, y en esos parámetros es en los que se moverá el Gobierno canario, dijo.
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