
Quien no tenga un presunto chanchullo del que ser investigado o una mala gestión de la que avergonzarse no es nadie en estas elecciones. En la política lanzaroteña se ha quebrado la omertá y no hay día en esta campaña electoral que no nos sorprenda: cuando no son los teléfonos de dos alcaldes pinchados se trata de la ristra de indicios delictivos en los Centros Turísticos.
Hasta ahora, la sociedad lanzaroteña había convivido con la duda generalizada sobre ciertos agujeros negros en el manejo de las instituciones públicas. A partir de este momento, sin embargo, las habituales tertulias en los bares se han visto enriquecidas con artículos del Código Penal y siglas como UDYCO.
A estas alturas, pocos serán los que no sepan que las conversaciones telefónicas de los alcaldes de Yaiza y Teguise, José Francisco Reyes y Juan Pedro Hernández, han sido escuchadas por la Policía a lo largo de tres meses en busca de algún renuncio. Dos alcaldes que tienen en común el estar al frente de los municipios en los que más se ha presuntamente pasado de la moratoria turística (la treintena larga de contenciosos dan fe de ello). Curiosamente, Reyes comenzó la legislatura en CC y Hernández la termina.
La foto de la campaña -qué duda cabe que anhelada por el denunciante, Carlos Espino- será la de José Francisco y Juan Pedro, Juan Pedro y José Francisco, entrando a declarar al Palacio de Justicia el viernes 25 de mayo. Eso si antes no convencen a la jueza que instruye las diligencias previas de sus amarguras que no procede tal instantánea.
Mientras los socialistas esperaban hundir vía judicial la imagen de CC, el Pleno del Cabildo del pasado viernes ha equilibrado -en parte- la balanza, atacando directamente a la línea de flotación de la histórica UTE PIL-PSOE y poniendo a los pies de los caballos al candidato socialista a la Alcaldía de Arrecife, Enrique Pérez.
Como un as de la manga, Coalición se sacó un informe jurídico-penal que lleva a dos conclusiones. La primera es que, si se pueden demostrar los indicios, en los Centros Turísticos hubo presuntamente de casi todo entre 1997 y 2004: prevaricación administrativa y nombramientos ilegales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, así como negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos u abusos en el ejercicio de la función pública.
La segunda es que si no hay pruebas, difícilmente habrá caso. Pero sí, al igual que con los alcaldes, foto: la de un Cabildo llevándose a sí mismo a la Fiscalía. Todo un ejercicio de higiene.
PD. ¿Cuánto le habrá salido a Cándido Reguera (PP) la broma de invitar las copas a todo hijo de vecino que se pasó el viernes por el Buzo's Bar de Arrecife?
PD2. ¿Qué tienen en común el antiguo cabeza de lista al Parlamento de Canarias de Los Verdes, Raúl García Brink, y el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes?
manuelriveiro@diariodelanzarote.com
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