
El comité de empresa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) demandará en el juzgado de lo Social la contratación de cinco ejecutivos en la compañía al considerar que se ha vulnerado el convenio colectivo. Este jueves se cerró sin éxito la vía del diálogo, propiciada por el Tribunal Laboral Canario.
Según explicaron fuentes sindicales, el criterio de los representantes de la plantilla es que en la contratación de los nuevos profesionales (que se ocupan de áreas como el marketing o el control financiero) se ha incumplido un precepto del convenio colectivo vigente que obligaría, según su versión, a que la dirección debe contar con el visto bueno del comité de empresa.
Aprovechando este motivo de conflicto, los sindicatos también demandarán a la empresa por un aspecto salarial, por la fórmula para abonar las horas extraordinarias y por la utilización de la bolsa de vacaciones.
Así, los representantes sindicales sostienen que los salarios se deben de regir por la revisión anual del IPC (Índice de Precios al Consumo), mientras que, según aseguraron, la empresa aplica lo que marca el Estado para los funcionarios.
Según sus cálculos, "se adeudaría un 0,7 por ciento de subida del año 2004 y un 0,9 por ciento de subida del año 2005".
En cuanto a las horas extraordinarias, los trabajadores denuncian que "la empresa no las cotiza a la Seguridad Social sino que las justifica como gratificaciones", algo que, según fuentes sindicales consultadas, provocará una "sanción" a los Centros Turísticos.
Los sindicatos también llevarán a los juzgados el ascenso a auxiliar administrativo de dos personas al considerar que se produjo "fuera del procedimiento que marca el convenio colectivo".
Asimismo, las fuentes sindicales consultadas añadieron que su demanda se extenderá a la contratación eventual efectuada por la empresa, ya que sostienen que no se utiliza correctamente la bolsa de empleo del Cabido. Irónicamente dijeron que se usa el "sistema de estómagos agradecidos".
¿Públicos o privados?
Según ha podido saber este periódico, a lo largo de la sesión -en la que los representantes de la empresa, un buffet de abogados de Gran Canaria, rechazaron las reclamaciones sindicales- salió a relucir el encuadre de los trabajadores de los Centros.
En este sentido, un aspecto en discusión sería por qué la empresa -a pesar de estar recogida en convenio- tendría que aplicar la subida del IPC si se trata de trabajadores públicos, cuyas revisiones salariales están fijadas por ley.
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