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El Gobierno de España indemnizará, a través del ministerio del Interior, con 96.000 euros a la familia de Francisco Jiménez Santana, un canario que falleció el año pasado tras quedar ciego, sordo y totalmente incapacitado en el Sáhara Occidental hace casi 30 años, a causa de la explosión de una mina.
Jiménez prestaba servicios como electricista en la empresa Fos Bu Craa cuando España se estaba retirando del territorio tras los Acuerdos Tripartitos del 14 de noviembre de 1975, por los que se cedió su control a Marruecos y Mauritania a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas en favor de su autodeterminación.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, convocó este jueves a los medios de comunicación para anunciar la medida adoptada acompañado de Lucía Jiménez, hija del fallecido y promotora de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (CAVITE).
Asimismo señaló que la actuación del Ejecutivo responde a una "aplicación generosa y justa" de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y que éste será el criterio con que el Ejecutivo se conducirá a partir de ahora cuando se le presenten casos similares.
Con la decisión del Gobierno se revoca una resolución del 2 de agosto de 2001 que desestimó una solicitud anterior, lo que llevó hoy a Jiménez a destacar el carácter "histórico" del acuerdo del Ejecutivo, pues a partir de ahora se puede "abrir la puerta" a "muchas familias que han quedado en el limbo administrativo" y no fueron indemnizadas pese a ser objeto de acciones violentas durante el proceso de descolonización del Sáhara,.
"Se ha reconocido que no somos víctimas ni de primera, ni de segunda ni de tercera, somos víctimas con todas las de la ley", agregó tras recordar que, cuando tenía 9 años, se enteró por la radio de la muerte de su padre.
"Hay muchas familias que en estos 30 años de descolonización hemos sufrido en silencio el olvido", manifestó tras considerar que en el conflicto del Sáhara Occidental "no hay que buscar culpables" y que "la historia pondrá las cosas en su sitio".
"No calificar"
A preguntas de los periodistas, el ministro dijo que la medida debe encuadrarse en "el firme compromiso con las víctimas de todas las formas de terrorismo" del Ejecutivo y "en la reparación de un daño que causó enorme sufrimiento", pero que con ello "no se califica genéricamente a ninguna organización" que sea parte en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, en referencia al Frente Polisario, "y muchísimo menos con carácter retrospectivo".
"Lo que estamos haciendo no es calificar genéricamente ninguna actividad terrorista vinculada a la descolonización del Sáhara", dijo López Aguilar, "estamos reconociendo individualizadamente el sufrimiento y el daño causado en la persona de Francisco Jiménez y estamos reparando ese sufrimiento largamente causado a u padre y al conjunto de su familia".
El ministro se mostró evasivo al ser interrogado por los periodistas sobre la posibilidad de que afectados por actos violentos en otros procesos de descolonización, como en el caso de Guinea Ecuatorial, puedan efectuar reclamaciones al Gobierno por esta vía, al tiempo que se mostró algo más abierto a la posibilidad de que los ciudadanos saharauis que en aquel entonces poseían nacionalidad española tambien puedan solicitar reparaciones al Gobierno.
"Siempre que reclamen de acuerdo con la ley y presenten alegaciones dignas de ser atendidas, este gobierno mostrará siempre la misma sensibilidad, porque es a lo que la ley nos obliga", dijo López Aguilar tras elogiar el "coraje" de Jiménez y señalar que "su argumentación fue contundente y digna de ser atendida".
En los años previos al abandono de España del Sáhara Occidental en manos de Marruecos y Mauritania, además del Frente Polisario, actuaron en el territorio otras organizaciones armadas partidarias, no de la independencia del territorio, sino de la anexión a Marruecos. Es el caso del Frente de Liberación Unido (FLU), del que distintos testimonios de la época subrayan su vinculación a Marruecos y al que se atribuyen varios atentados terroristas en 1975.