El PP reclama al Gobierno mayor vigilancia
Turismo sanciona a 5 complejos turísticos en Lanzarote por incumplir el principio de unidad de explotación
El consejero de Turismo del Gobierno canario, Manuel Fajardo, precisó este lunes que el Gobierno canario en los últimos años ha sancionado a 89 establecimientos extrahoteleros en las Islas por no cumplir con el principio de unidad de explotación. Fajardo, que compareció en comisión parlamentaria para informar sobre las inspecciones en la aplicación del principio de unidad de explotación, indicó que el Ejecutivo ha realizado "un montón" de inspecciones en los 1.514 explotaciones extrahoteleras.
ACN
[Martes, 14 de noviembre de 2006] [07.00]
No obstante, reconoció que no ha habido más sanciones por el déficit que se ha tenido en los servicios de inspección y que esperó se corrija con la cobertura de las plazas de la nueva relación de puestos de trabajo, que prevé un aumento de 9 a 16 del número de inspectores.
De los 89 establecimientos sancionados, 44 se sitúan en Gran Canaria (en el municipio de San Bartolomé de Tirajana), 38 en Tenerife (Arona y Adeje), 5 Lanzarote (Haría, Yaiza, Teguise y Tías) y 2 en Fuerteventura (Antigua), precisó.
Lorenzo destacó los beneficios para la calidad en la prestación de servicios introducidos por esta medida, que determinó a partir de 1995 que la explotación turística de los establecimientos extrahoteleros debía recaer sobre un propietario o empresa única.
Además, se fijó una moratoria hasta marzo de 2005 para los establecimientos anteriores a la norma, en los que al menos del 50 por ciento del complejo debía tener unidad de explotación. En caso de no adaptarse, perdían calificación de turísticos y se consideraban de uso residencial.
El PP, solicitante de la comparecencia, reclamó mayor vigilancia sobre los complejos extrahoteleros de baja por no cumplir con los criterios del principio de explotación y se valen de la fórmula de arrendamiento urbano para el alquiler por temporada de estos apartamentos con fines turísticos.
El diputado del PP, Fernando Toribio dijo que hay una gran cantidad de complejos de apartamentos que han perdido su catalogación como turísticos por no adaptarse a este principio, pero que siguen de forma alegal en el mercado a través del alquiler por temporada.
Además, indicó que se crea la "disfuncionalidad" de que muchos de estos establecimientos no acogidos a la normativa, se han convertido en viviendas residenciales en zonas turísticas.
Toribio consideró que debe haber mecanismos legales para para evitar que se encubra el uso turístico con la figura del alquiler por temporada, y que apuntó a la necesidad de una reforma de la normativa estatal de los arrendamientos urbanos.
El diputado del PP también pidió al consejero que no se "escude" en los incumplimientos de otras administraciones para intentar justificar la falta de sanciones.
No ha habido dejación
Una crítica que Lorenzo replicó afirmando que el Gobierno "en ningún momento ha hecho dejación de inspección", si bien reconoció la escasez de medios para estos servicios.
Asimismo, recordó que la ley de turismo reconoce la potestad de los cabildos para sancionar, ya que son estas administraciones que gestionan las aperturas y las competentes para revocar la autorización a aquellos establecimientos que no se hayan adaptado.
"El Gobierno no se esconde ante nada y pone en práctica sus competencias sancionadoras", dijo Lorenzo, quien indicó que se ha pedido los cabildos más colaboración para cumplir este principio.
El consejero precisó que en Canarias hay 1.514 establecimientos extrahoteleros, de los que se han inspeccionado "un montón", aunque recordó las limitaciones de servicios de inspección, que dijo se han superado en el último año.
Mejora de la Inspección
Al respecto, en otra comparecencia, Fajardo recordó que está previsto una mejora en los servicios de inspección, que prácticamente se duplicarán, con un aumento de la relación de puestos de trabajo de 39 a 54 efectivos, y que se ha centrado sobre todo en los inspectores, que han pasado de 9 a 16, y en los instructores para agilizar el inicio de expedientes sancionadores.
Asimismo, apuntó que se ha adaptado la mejora del sistema informático para actualizar la base de datos de inspecciones, lo que permitirá mejorar el desarrollo del Plan de Inspección Turística, que hasta ahora no había sido posible "porque nos veíamos desbordados".
El diputado Socialista, Julio Cruz, criticó el retraso en los trámites para la aprobación de esa ampliación de las plantillas, que aseguró ha supuesto "un año perdido", aunque valoró que se haya dado esta mejora "tras varios años de abandono" de este servicio.
En esta línea, Fernando Toribio (PP), consideró que "se llega demasiado tarde" y estimó que estos 16 inspectores son insuficientes y se trata de un "lavado de cara" ante el problema de la Consejería por las denuncias sobre las agencias de viajes. Así, planteó que si el Gobierno se ha visto "desbordado" que dé las competencias en materia de inspección a los cabildos.
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