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La defensa pide la libre absolución del ex alcalde

Juan Ramírez y la ex secretaria del Ayuntamiento niegan haber manipulado el contrato de 'Villa Dolores'

Ni el ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, ni la ex secretaria de la Corporación, Teresa Caba, han reconocido ser los responsables de introducir una cláusula adicional en el contrato de arrendamiento de la finca "Villa Dolores" de espaldas al Pleno municipal, presuntamente para beneficiar a su propietario, Rafael Perdomo. Durante la celebración del juicio este lunes en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial, el Ministerio Fiscal se ha ratificado en la solicitud de cuatro años de prisión para Ramírez, mientras la defensa ha requerido la libre absolución.

A. D.
[Lunes, 16 de octubre de 2006] [21.27]

Los hechos, que fueron denunciados en 2000 por el nuevo alcalde José Torres Stinga, se remontan a mayo de 1995. Fue entonces cuando el Pleno presidido por Ramírez autorizó el alquiler de "Villa Dolores" para habilitar un aparcamiento y abrir un mercado de artesanía. La casona pertenecía a la Sociedad Villalma-94 S.L. cuyo máximo accionista era precisamente Rafael Perdomo.

En octubre de ese mismo año, Ramírez y el arrendador firman el contrato por el que se establece un alquiler mensual de 150.000 pesetas con una duración de cinco años. Pero el Ayuntamiento decide en sesión plenaria del 30 de noviembre cambiar el uso de las instalaciones y dedicarlas a un taller escuela de rehabilitación de edificios históricos, aprovechando así una partida del Fondo Social Europeo.

Aparece ahora en escena el Instituto Nacional de Empleo (INEM) que exige que la finca donde se desarrolle el proyecto sea de propiedad pública o que su dueño la ceda gratuitamente por el período de 25 años. Es entonces cuando alguien modifica el contrato y en un espacio en blanco que quedaba bajo la última cláusula se añade otra en la que se garantiza de manera supuestamente irregular a Rafael Perdomo una mensualidad de más de 500.000 pesetas después de los cinco primeros años de alquiler.

Cuando sólo habían pasado cuatro años desde que se sellara el contrato, el Ayuntamiento, por orden del nuevo alcalde Torres Stinga, deja de abonar el arrendamiento ante el fracaso de la escuela taller y las dudas sobre el acuerdo económico. Perdomo procede a reclamar el desahucio y saca a la luz el contrato alterado.

Acusaciones cruzadas

Según la versión del antiguo alcalde, era la secretaria de la Corporación la encargada de tramitar el expediente por lo que considera que fue ella quien añadió la cláusula. Versión que corrobora Perdomo asegurando que la secretaria le hizo rubricar de nuevo el contrato corregido el 13 de febrero de 1996.

Sin embargo, Teresa Caba insistió en que nunca había visto el contrato rectificado, de hecho guarda una copia compulsada que hizo del original dos años más tarde y que no contenía la cláusula de la discordia. Este argumento fue respaldado por la trabajadora del Ayuntamiento que se encargó de transcribir el contrato.

Las pruebas periciales sólo sirvieron para confirmar que la cláusula adicional había sido escrita sobre el sello de la alcaldía y con una máquina de escribir eléctrica, mientras que el resto del texto había salido de una impresora de ordenador.

Conclusiones

Ante el relato de los acusados y testigos, la acusación particular, en representación del actual Consistorio, subrayó la supuesta "connivencia" entre el ex alcalde de Haría y Rafael Perdomo. La letrada recordó en el juicio que la ex esposa de Ramírez era la administradora de una de las empresas de Perdomo, Corona del Norte S.L. Y acusó al antiguo alcalde norteño de concederse a sí mismo a través de esta entidad una licencia de segregación en Charco del Palo.

El fiscal, aunque reconoció que es casi imposible demostrar quién manipuló el contrato, apuntó a los beneficiarios de la nueva cláusula como responsables del delito. Por tanto, reiteró su solicitud de cuatro años de prisión, cuatro de inhabilitación y multa de 12 euros diarios durante 12 meses por un delito de falsedad en documento público para Juan Ramírez, así como otra condena por prevaricación o falsedad documental a estimar por la magistratura. Para Rafael Perdomo requirió dos años de cárcel, multa de 12 euros diarios durante diez meses e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo.

Al haber facilitado por "imprudencia" la falsificación del documento, dejando espacio suficiente en blanco en el contrato, el fiscal requiere una multa diaria de 12 euros durante diez meses para la ex secretaria, así como la suspensión en ese tiempo de empleo y sueldo. La acusación particular coincidió con la solicitud de penas.

Los abogados de Rafael Perdomo y Teresa Cabas defendieron la prescripción de los delitos, mientras que el letrado del ex alcalde insistió en que no hubo actuación irregular ninguna, ya que Ramírez estaba facultado por el pleno para alcanzar los acuerdos necesarios para conseguir poner en marcha la escuela taller.

Más detalles

TORRES ATACA. El actual alcalde de Haría, José Torres, vivió otro episodio de su "tormentosa relación política" con Ramírez. Torres, que compareció como testigo, denunció las dificultades que tuvo para recopilar los documentos firmados por su rival político.

PUNTO Y SEGUIDO. Dentro del mismo caso se trató la supuesta modificación de una certificación, sin informe técnico, para cambiar la calificación de una parcela en Tabayesco. Otros expedientes similares contra Ramírez siguen su curso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife.

POEMA INCOMPLETO. Tras casi seis horas de juicio la anécdota la puso el abogado defensor de Ramírez, Nicolás Albarracín, quien para "relajar" al personal quiso declamar un poema de Rubén Darío ante una estupefacta jueza que lo mandó callar.

 

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