Por su condición de aforado
La Fiscalía envía al TSJC la causa contra González Arroyo por prevaricación al contratar a un técnico ilegalmente
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha informado este miércoles que el pasado lunes se remitió a la Sala de lo Penal del TSJC de Canarias el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en la causa seguida contra el presidente del PP en Fuerteventura, Domingo González Arroyo, aforado por su condición de diputado regional, y J.A.P.P. por sendos delitos de prevaricación (en su modalidad de contratación ilegal) e intrusismo profesional.
ACN
[Jueves, 23 de marzo de 2006] [08.00]
Tanto para el líder insular del PP en Fuerteventura como para J.A.P.P. se solicitan penas de multa (previstas en los artículos 403 y 405 del Código Penal), así como la pena de suspensión para el ejercicio del cargo público de alcalde para el acusado don Domingo González Arroyo, por un tiempo de dieciocho meses.
Los hechos imputados se produjeron cuando González Arroyo, entonces alcalde del municipio de La Oliva, contrató y mantuvo en su puesto como Topógrafo Municipal al otro acusado, J.A.P.P., a sabiendas, según la nota de prensa de la Fiscalía, de que carecía de la titulación académica necesaria para ejercer funciones propias de topógrafo, de tal manera que entre los años 1998 y 2003, el acusado J.A.P.P., con el conocimiento y consentimiento del alcalde, estuvo realizando actividades propias de Ingenierio Técnico en Topografía, sin serlo.
Se da la circunstancia que el escrito de acusación de Ministerio Fiscal llegó al TSJC el mismo día en que la Audiencia de Las Palmas desestimó el recurso de González Arroyo sobre el caso del supuesto desoborno a un concejal de Antigua, lo que también supuso que se remitiera al Tribunal Superior de Justicia de Canaria la causa del supuesto cohecho por un presunto intento de soborno al concejal de Antigua, por parte del ex alcalde de la Oliva.
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