
La ordenación del territorio, la lucha contra la indisciplina urbanística y la contención del crecimiento turístico forman parte de cualquier balance anual en Lanzarote desde hace casi 20 años. Con la entrada del Partido Socialista en el equipo de gobierno en el Cabildo, a mediados del año, se relanzaron las políticas urbanísticas y territoriales, que permanecían prácticamente dormidas desde 2003.
Ello dio lugar a la contratación de Fernando Prats, el redactor del Plan Insular de Ordenación del Territorio, quien está a punto de culminar el documento que definirá cómo, cuándo, dónde y bajo qué requisitos se podrá construir en Lanzarote con fines turísticos en los próximos años. El otro eje de la política territorial del Cabildo descansa en la lucha contra la indisciplina urbanística. Centrada sobre todo en el municipio de Yaiza, se han reavivado en los tribunales las demandas contra supuestos incumplimientos del Plan Insular de Ordenación del Territorio. Son unos 40 los pleitos los que están en marcha contra el fraude urbanístico-turístico.
Mientras que la culminación y entrada en vigor de los planes de uso y gestión y las normas de conservación de los espacios naturales protegidos de Lanzarote deberán esperar al año entrante, en los últimos meses se ha encendido la confrontación política e institucional que mantienen el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza, situación que no es previsible que remita en el futuro inmediato.
Una buena noticia, por otro lado, fue que a lo largo del segundo semestre del año se relanzó el Consejo Insular de la Reserva de Biosfera, propiciando de nuevo cauces de participación ciudadana en el debate sobre el crecimiento turístico y el desarrollo sostenible. Desde la salida de Francisco Cabrera (PP) de la presidencia cabildicia, este importante órgano parecía absolutamente dormido.
A finales de 2004 Lanzarote registró 66.000 plazas turísticas, se visaron 900 expedientes de edificación para todo tipo de usos y visitaron la isla dos millones de turistas. No obstante, el gran desafío insular consiste en reorientar su modelo de desarrollo por cauces sostenibles, lo cual requiere desactivar en todo o en gran parte las decenas de miles de plazas turísticas y residenciales que pueden llegar a construirse después de 2010, año en el que expira la llamada "moratoria turística insular".
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