La oposición critica los 400.000 euros anuales en abogados
En seis años el Ayuntamiento de Yaiza ha sido parte en 51 pleitos urbanísticos, 41 relacionados con la moratoria
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La chispa que ha vuelto a encender la mecha de la polémica entre el grupo de gobierno de Yaiza y la oposición ha sido el pleno celebrado este miércoles para analizar los procedimientos judiciales pendientes en los que está involucrado el Consistorio. El número de pleitos abiertos desde 2000 asciende a 51, de éstos 41 están relacionados con licencias de complejos en Playa Blanca, que podrían contravenir la revisión del PIOT conocida como moratoria turística.
A. D.
[Miércoles, 14 de diciembre de 2005] [20.03]
Como demandante o como demandado el Ayuntamiento se tiene que gastar anualmente 400.000 euros en sus servicios jurídicos. Al otro lado del estrado se sientan casi siempre el Cabildo y la Fundación César Manrique.
Según el análisis que ha podido hacer la oposición de 28 de las 51 causas judiciales en trámite, la parte denunciante alega que en 17 ocasiones los establecimientos alojativos carecían de licencia municipal o informe técnico. Otros cuatro permisos se otorgaron por silencio administrativo positivo y en seis casos se otorgaron licencias con un informe técnico negativo.
La oposición ataca
Para el portavoz del Partido Popular (PP), José Carlos Rojas, los representantes municipales deberían "haberse esforzado en alcanzar un acuerdo con el Cabildo y los promotores, antes de acudir a la vía legal, porque al final se verán perjudicadas las arcas públicas y los vecinos de Yaiza".
"El Ayuntamiento ha permitido el desmadre en Playa Blanca, mientras no impulsa un Plan General imprescindible y los vecinos tienen dificultades para obtener una licencia con la que construir su casa", añadió.
El portavoz socialista, Marcial Valiente, acusó al alcalde de ir "en contra del PIOT" y de "llamar a los empresarios cuando se les iban a caducar sus licencias para favorecer la construcción desmesurada en Playa Blanca".
Gladys Acuña, portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), insistió en que el grupo de gobierno facilite "cuanto antes toda la información" sobre los litigios y apuntó que intuye "aspectos oscuros" en la concesión de licencias.
El alcalde se defiende
Con ánimo impasible, José Francisco Reyes respondió a estos ataques asegurando que no pudo llegar a acuerdos con el Cabildo para evitar la vía jurídica "porque el redactor de la revisión del PIOT (Fernando Prats) más que negociar, se dedicaba a dejar pleitos por el camino".
Reyes subrayó que el propio Tribunal Supremo se ha encargado de dejar patente "la invalidez de la moratoria" con la sentencia de Montaña Roja y auguró que el Ayuntamiento ganará el pulso al Cabildo en la mayoría de las partidas en liza. Además, defendió el desarrollo urbanístico de Playa Blanca, que -a su juicio- "se ha convertido en una de las zonas turísticas de más calidad de Canarias".
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