Juan Antonio Betancor, parlamentario del PIL
"Si aumentamos las competencias de Canarias, nosotros mismos podríamos llegar a decir 'no' a las prospecciones sin que el Estado nos impusiese sus criterios"
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Juan Antonio Betancor, el único diputado leal al PIL de los tres que cosecharon los insularistas en las elecciones del 2003, reclama el aumento de las competencias de Canarias aprovechando la reforma del Estatuto de Autonomía y asegura que su partido defenderá la rebaja de los topes electorales y la triple paridad.
Manuel Riveiro
[Lunes, 12 de septiembre de 2005]
—Da la sensación de que la reforma del Estatuto de Autonomía no está llegando a los ciudadanos canarios. ¿Por qué se tiene que reformar?
—Cuando comenzó el proceso de reforma del estatuto de autonomía, el PIL y los parlamentarios que en aquel momento formaban parte del partido, defendimos la necesidad de difundir a los colectivos sociales y ciudadanos la necesidad de reformar el Estatuto, que es una herramienta muy válida para los canarios. Tanto el Estatuto del año 1982, como la posterior reforma de 1996, no han sabido solucionar todos los problemas que actualmente tiene Canarias y la evolución que ha tenido el Archipiélago, así como actualizar las relaciones con el Estado español y entre las distintas islas entre sí. El Estatuto de Autonomía está abierto a todos los cambios posibles, otra cosa es que después se llegue al consenso adecuado entre todas las fuerzas políticas para que finalmente se apruebe en el Parlamento. Como nacionalista siempre he creído que favorecería nuestro autogobierno.
—La estructura político-institucional del Archipiélago es uno de los aspectos centrales en esta revisión del Estatuto. ¿Qué papel cree que tienen que jugar las llamadas islas menores, como Lanzarote, en el futuro de Canarias?
—Desde el PIL, que se define como un partido insularista, vemos la isla como parte importante de lo que va ser el futuro del Archipiélago canario. Pero además de defender los intereses de Lanzarote y de todos los lanzaroteños, también vemos a Canarias como un conjunto de islas que necesitan mejorar una serie de relaciones, no sólo entre las propias islas, sino también con el exterior, tanto con el Estado español como con otros territorios del mundo. A partir de esa estructuración de Canarias como Archipiélago atlántico, nosotros proponemos el fortalecimiento de los cabildos, teniendo en cuenta no sólo su peso territorial sino también su peso social y económico. Consecuentemente, cuando en una isla como Lanzarote tenemos un desarrollo económico y social que nos capacita para gestionar una Cámara de Comercio y una Autoridad Portuaria, el Estatuto de Autonomía tendría que vertebrar y definir todas esas competencias que podrían tener las islas. Actualmente el papel del Cabildo pasa por ser un simple coordinador dentro de la Isla y, muchas veces, se reciben competencias del Gobierno de Canarias no equilibradas económicamente.
—En ese sentido, parece que que los cabildos siempre están 'mendigando' ante el Gobierno autónomo...
—Los cabildos pueden presentar iniciativas y propuestas en el Parlamento e incluso proposiciones no de ley, pero no existe una vertebración de relaciones con el Gobierno de Canarias de forma directa, en donde se separen de manera adecuada las competencias, se equilibren a nivel económico y también se potencie la figura de las máximas instituciones insulares. La estructuración de Canarias como un Archipiélago hace que tenga unas especificidades diferenciadas. Esta herramienta, que es el Estatuto que vertebra toda Canarias, tiene que favorecer las relaciones entre el gobierno, los cabildos y los ayuntamientos.
Nuevas competencias
—En la reforma del Estatuto de Autonomía se está poniendo sobre la mesa que Canarias asuma nuevas competencias, como la gestión de puertos y aeropuertos, relaciones exteriores o seguridad. ¿Las actuales no son suficientes?
—Siempre hemos considerado que las actuales competencias que tiene Canarias se quedan cortas para la capacidad que ha demostrado tanto a nivel social, económico como poblacional. Por otro lado, hay toda una serie de competencias detalladas en el actual Estatuto de Autonomía que no se han desarrollado por el propio Gobierno de Canarias, que podría reglamentarlas y asumirlas directamente, como por ejemplo la Ley de Puertos.
—¿En este terreno, qué pide el PIL?
—El PIL pide que Canarias, como Archipiélago tricontinental, amplíe determinadas competencias, como la delimitación de las aguas y en política exterior, para mejorar las relaciones directas que hay con África, con Sudamérica o con la Unión Europea. Además, nosotros siempre hemos reivindicado una policía canaria que favorezca nuestra seguridad y, ante el crecimiento poblacional, hemos solicitado la asunción de competencias relacionadas con la inmigración. Pero no como un elemento separador de las personas que entran en las islas, sino para que se favorezca, en primer lugar, la integración y, en segundo, un crecimiento demográfico equilibrado. Actualmente estamos recibiendo un gran número de población del exterior que hace que los crecimientos sean importantes, por ejemplo en Lanzarote y Fuerteventura y en el sur de Gran Canaria y Tenerife, y esto no nos deja planificar convenientemente.
Por otro lado, también pedimos más peso competencial en Hacienda y en puertos y aeropuertos. En Hacienda porque queremos planificar la economía de Canarias, algo fundamental para nuestra proyección de futuro. Nosotros vamos mucho más lejos en cuanto a las competencias que otros partidos en este ámbito.
—¿Pero esas competencias de las que habla, en qué cambiarían la vida de los ciudadanos?
—Por ejemplo, aumentar las competencias que recoge el Estatuto puede favorecer la financiación sanitaria, los servicios sociales... incluso, para Lanzarote, puede ser determinante para que en el caso de las prospecciones petrolíferas, si cayeran en competencia del Gobierno de Canarias, nosotros mismos dijéramos "no" sin necesidad de que el Estado español nos estuviera imponiendo sus criterios.
El sistema electoral
—La reforma del sistema electoral se está debatiendo de forma paralela a la reforma del Estatuto. Incluso hay partidos que están más interesados en la reforma electoral que en la estatutaria. Sobre la mesa está la posibilidad de modificar la triple paridad, el equilibrio actual en la distribución de escaños entre Gran Canaria y Tenerife y el resto de islas. ¿Cuál es la postura del PIL?
—En primer lugar, el PIL siempre ha propugnado que se bajen los topes electorales. Debería haber una reforma de la ley electoral no para que se favorezca el PIL, ya que el acceso o no del partido al Parlamento lo dirán los ciudadanos. Nosotros creemos que los topes electorales se deben bajar al 3% a nivel de Canarias y al 20% a nivel insular. Por otro lado, la representatividad en el Parlamento de Canarias tiene que ser en función de la población, del peso social de cada una de las islas y en función también del peso territorial, y que esos tres enfoques sean equitativos y representativos de lo que es el Archipiélago canario. El resto de fórmulas para aumentar el número de parlamentarios en función de la población exclusivamente o en función del peso de Gran Canaria y Tenerife no nos vale.
—Entonces, el PIL estaría en contra de esa lista regional de 10 parlamentarios que se baraja.
—Sí. Siempre y cuando se rompa la triple paridad y la equidad existente, no sería consecuente para el equilibrio de Canarias. Apostamos por la triple paridad y si acaso se produjese un aumento de parlamentarios siempre tendría que ser equitativo.
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Lanzarote Semanal
