Carlos Espino, consejero de Política Territorial y Medio Ambiente
"Hasta que no se enfrente alguien con las consecuencias penales de sus actos va a ser muy difícil reconducir el proceso de disciplina urbanística"
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Carlos Espino, flamante consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, ha pasado de proponer desde los bancos de la oposición a tomar decisiones. La disciplina urbanística, el Plan Territorial Especial, un nuevo PIOT o las prospecciones de Repsol están en su agenda para los próximos dos años.
Manuel Riveiro
[Domingo, 28 de agosto de 2005]
—Desde su entrada en la consejería se han llevado a cabo varias actuaciones, como la que está en marcha en Costa Teguise para caducar una licencia urbanística que data de 1989. Además, el Cabildo ha denegado la licencia de apertura al hotel Papagayo Arena, construido en la playa de Las Coloradas (Playa Blanca). ¿Van a ser las únicas medidas o hay más previstas para los próximos meses?
—Hay intención de llevar a cabo este tipo de actuaciones en todos los casos que se pueda. En estos momentos, los técnicos de la consejería de Política Territorial y Medio Ambiente están examinando una serie de expedientes y, en la medida en que se puedan tomar más decisiones similares, se hará. No voy a prejuzgar ahora qué se va a hacer sin conocer antes el contenido de los informes ni tampoco hablar de fechas, pero desde luego sí que hay voluntad política para seguir adelante.
—¿Estas medidas son respaldadas por todo el grupo de gobierno del Cabildo o han creado algún tipo de tensión en el seno del pacto?
—Hasta el momento no han generado ningún tipo de tensión y espero que sigan sin generarla. De hecho, hay acuerdos plenarios adoptados durante esta legislatura a propuesta del Partido Socialista cuando estaba en la oposición, y respaldados al cien por cien por todos los grupos, en el sentido de no dar marcha atrás a los procedimientos judiciales interpuestos por el Cabildo en materia urbanística y en el de seguir profundizando en este tipo de reacción cuando se producen ilegalidades que quebrantan la ordenación que todos nos hemos dado.
—El pleno del Cabildo acordó este año que, si fuera necesario, se iniciarían acciones penales contra ciertos alcaldes de la isla que incumpliesen en materia urbanística. En esa sesión salió a relucir el nombre del alcalde de Yaiza. ¿Existen motivos suficientes para llevar a los tribunales a José Francisco Reyes?
—Sería muy aventurado por mi parte en estos momentos dar algún tipo de respuesta concreta sobre este tema. A nivel particular, como responsable del Partido Socialista más que como consejero de Política Territorial, desde luego que sí tengo la certeza de que hasta que no se enfrente alguien con las consecuencias penales de sus actos va a ser muy difícil reconducir el proceso de disciplina urbanística. Hasta que no haya una serie de acciones ejemplarizantes, la sensación que he notado es que todo vale y todo termina consolidándose en el tiempo. Me lo planteo de esa manera a nivel personal; como responsable de un área como Política Territorial tengo que esperar por los informes jurídicos oportunos para saber qué pasos se pueden dar.
—Los recursos judiciales interpuestos por el Cabildo atacan intereses económicos muy importantes, como gran parte de la nueva planta alojativa de Playa Blanca. ¿Le va a temblar el pulso al actual grupo de gobierno si hubiera que llegar hasta las últimas consecuencias, como pueden ser las demoliciones de establecimientos turísticos?
—Más que pensar en estos momentos que se están atacando intereses económicos concretos opino que las actuaciones que estamos emprendiendo defienden intereses económicos de carácter general. Cuando en Lanzarote nos hemos dado una normativa que regula el crecimiento tanto en el tipo de construcciones que se pueden hacer como en el número o los plazos en que se pueden realizar, no ha sido de manera caprichosa. Ha sido pensando que es más adecuado para el modelo insular, no sólo desde una perspectiva de carácter medioambiental o territorial, sino también desde la visión económica, la social, la de modos de convivencia... Eso es lo que estamos defendiendo en estos momentos.
—Sin embargo, los empresarios hoteleros han pedido públicamente que el Cabildo retire los pleitos contra establecimientos que tienen casi 5.000 camas y que, según sus cálculos, han costado más de 450 millones de euros. ¿Temen las presiones?
—Me gustaría aclarar que reconozco el derecho que tiene cualquier persona a defender sus posiciones, por lo cual no me produce ningún tipo de urticaria que alguien mantenga una determinada opinión. Pero reconociendo ese derecho, los representantes públicos tenemos la obligación de velar por que se cumpla la legalidad. Más que decir que vamos a ser inflexibles, diría que lo que vamos a ser es justos con las normas jurídicas que entre todos nos hemos dado y obligar a que se respeten. Imagino que alguien preferiría escuchar que vamos a premiar la ilegalidad y resolver situaciones de facto, pero me da la sensación de que esa no es nuestra misión.
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