Entrevista a Francisco Dorado, secretario de Aetur
"Cualquiera que tenga una casa con piscina la puede poner en el mercado turístico y no pasa absolutamente nada"
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| Francisco Dorado . |
La Asociación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (Aetur) ha denunciado la existencia de un mercado turístico ilegal en la isla, el de las villas, que rondaría las 20.000 plazas. Esta economía sumergida, que no paga impuestos y genera toda una cadena de consecuencias negativas que van desde la pérdida de calidad de Lanzarote como destino al encarecimiento del precio de las viviendas para los residentes, es difícil de erradicar. Para Francisco Dorado, secretario de Aetur, un auténtico "callejón sin salida".
Manuel Riveiro
[Viernes, 29 de abril de 2005]
—Aetur lleva denunciando desde hace tiempo la ilegalidad de unas 20.000 camas pertenecientes a villas turísticas que operan en la isla. ¿Cuál es el 'modus operandi' para poner una plaza ilegal en el mercado?
—Es muy sencillo. Cualquiera que tenga una casa que se adapte a las características del mercado, como por ejemplo una vivienda unifamiliar con piscina, la pone directamente en el mercado y no pasa absolutamente nada. Hay comercializadores y touroperadores que ejercen como intermediarios e incluso hay estructuras verticales: se hace la promoción residencial, se coloca en Inglaterra o Alemania y dentro de la fórmula de venta, se le ofrece la posibilidad al posible propietario de que la compra le va a salir gratis, porque va a disfrutar de su casa un mes o dos al año y el resto del tiempo se la van a poner en explotación turística. Por lo tanto, sirve también para potenciar la venta de estas casas.
—¿Cuáles son las consecuencias directas de estas prácticas al margen de la ley?
—Existen dos consecuencias directas. Primero, la perversión de todo el sistema turístico, pues se produce sobreoferta y debilidad de la posición de nuestra oferta alojativa, lo que provoca a su vez que entre el 'todo incluido' porque cuando se está en una situación débil, la fórmula turística la marca el touroperador. Asimismo, bajan los precios y vienen turistas de menor poder adquisitivo. De hecho, llevamos cuatro años consecutivos con un descenso del gasto diario por turista en Lanzarote. En segundo lugar, la existencia de estas villas turísticas ilegales está distorsionando el propio mercado de vivienda para los residentes, porque está disparando los precios. El problema radica en que la oferta se está destinando a una demanda que no es la propia de Lanzarote.
—¿Cuál es el volumen de dinero que puede estar generando en Lanzarote esta economía sumergida?
—Para saberlo, se debería hacer un supuesto de 20.000 plazas, por el número de turistas que rotan cada diez días, aproximadamente, y aplicarle un 75%-80% de estancia media. Pero es un fenómeno muy difícil, porque se sale del sistema turístico de Canarias, va directamente fuera de Lanzarote, no existe ninguna recaudación, sino que encubre muchos otros incumplimientos: se alquilan coches, se hacen los transfers. Son actividades que están copando "los villanos" en detrimento de actividades que son auxiliares y necesarias para la redistribución de la riqueza una vez que el turista llega a la cama. Y es que la cama es el mal menor, una vez que el visitante viene lo importante es que haya un nivel de gasto, que genere actividades a las empresas de aquí.
—Se está dando una tendencia en los planeamientos urbanísticos que consiste en disminuir el número de plazas turísticas y aumentar las residenciales. ¿Es éste un posible foco que alienta esta situación?
—Es un fallo del enfoque. Nosotros lo planteamos de otra forma: durante la implantación de la moratoria, se han puesto todos los esfuerzos en el control urbanístico de plazas turísticas, es decir, que se están aplicando conceptos urbanísticos a fenómenos turísticos que tienen su propia dinámica, sus canales, sus intermediarios. Mientras se ha ido cerrando más la olla de presión urbanística, más presión ha salido por la vía de la desordenación turística. Además, estamos hablando de que se han empleado los mayores esfuerzos y recursos en el plano urbanístico. Es la vía más difícil: se ha tenido que modificar el PIOT y la ley, el Gobierno de Canarias tuvo que crear unas directrices, los ayuntamientos se han peleado, se van a tener que pagar indemnizaciones. Pero la cuestión es que ya había leyes de ordenación turística, sólo habría que haber reforzado las medidas de control para aplicarlas y la situación que tenemos hoy en día no existiría. El propio estancamiento de la demanda hubiera cortado en seguida la afluencia de nuevas camas.
—¿Cómo valora el papel de la inspección, que es competencia del Gobierno de Canarias?
—Ceo que ahora mismo está trastornada por este fenómeno. Pero lo que no se ve todavía es una intención clara de que hay que reforzar la estructura de ordenación, que es la conclusión a la que hemos llegado nosotros. Actualmente, tenemos prácticamente los mismos servicios de inspección que hace diez años, cuando empezó la Ley del Turismo en Canarias. Ahora hace falta una puesta al día, una adecuación primero a lo que la economía turística supone dentro de Canarias y, luego, para acabar con la desordenación que tiene el sistema. Por la vía de la desordenación se va el valor añadido del destino, porque baja la calidad. No se recauda el IGIC y, sin embargo, a esta gente les asistimos con infraestructuras en el municipio como viales y alumbrado, con las conexiones aeroportuarias o con medidas de seguridad. Esto tiene que quebrar el sistema porque no se aporta nada.
—El Cabildo ha pedido que se le transfieran estas competencias en materia de inspección. ¿Desde Aetur se considera una iniciativa positiva?
—Cualquier proceso que se produzca a partir de ahora, si acaba en un reforzamiento de los recursos de los servicios de inspección, es positivo. No sólo en cuanto a aumentar el número de inspectores sino también el número de administrativos e instructores porque, por ejemplo, todos los expedientes acaban en un instructor al que no le da tiempo a sacarlos adelante. A nosotros nos da igual que esto se haga desde Las Palmas, que se ponga una delegación en Lanzarote o que sea la isla la que asuma las competencias. La cuestión es que se vaya solucionando el problema.
—Con respecto al censo voluntario de villas elaborado por el Cabildo, ¿se han creado unas expectativas infundadas para los propietarios de camas ilegales?
—Lo que pretendíamos con el censo era evaluar la dimensión del problema y la intencionalidad que tienen los dueños de esa oferta ilegal de regularizar su situación. Cuando apenas se han puesto 500 casas en el censo, comprobamos que la intencionalidad es muy baja. Y hasta cierto punto es lógico, porque son en su mayor parte propietarios extranjeros con comercializadores extranjeros. Todo esto se le desmoronaría si pasase por la vía de la legalidad. Por otro lado, es verdad que se ha generado una falsa expectativa, porque con censo o sin censo, lo cierto es que no hay plazas. Se ha dicho que el Gobierno de Canarias iba a sacar una norma para regular las villas, pero el problema es que en Lanzarote no hay plazas disponibles: a Tías le quedan unas 800. Y mientras en el Consejo de la Biosfera, o en el informe sobre plazas ilegales del abogado Agustín Domingo, se está hablando de limitar la oferta, en la planta segunda de la Casa Cabildo se está hablando del censo de villas ilegales. ¿Quién es el que va a presentar nuevas plazas turísticas en Lanzarote? Ese censo es un callejón sin salida.
Aetur lo que quería de ese censo era que se diera prioridad a la identificación, inspección, sanción y cierre de todos los establecimientos que no estuvieran en el mismo. Y para los que estaban incluidos existen fórmulas, que no se van a tomar porque están en manos de los políticos y hacer buena práctica de ordenación turística en Canarias es ciencia ficción.
